El Congreso de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, recibió del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017, en cumplimiento al artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.  

El ORFIS realizó mil 505 auditorías a 343 entes estatales, poderes públicos, Organismos Autónomos Descentralizado, 212 municipios y organismos operadores de agua entre otros.  

El órgano detectó daño patrimonial en 3 Dependencias, 11 Organismos Públicos Descentralizados y 2 Fideicomisos asciende a 338 millones 274 mil311.51 pesos.  

Mientras que en 15 entidades paramunicipales auditadas, se obtuvo el siguiente resultado: 2 presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de 20 mil 742 millones 526.14 y 13 presentan inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones.

Los detractores del Gobernador Yunes inmediatamente salieron a anunciar con bombo y platillo el daño patrimonial por alrededor de 400 millones de pesos y con ese dato han intentado desprestigiar a la administración saliente, incluso algunos hasta el atrevimiento de comparar su gobierno con el de Javier Duarte, y ya decir eso, son palabras mayores.  

Pero sin ánimo de justificar y menos defender el proceder de la presente administración uno se tiene que preguntar: ¿es mucho o poco 400 millones de pesos? Para ayudar a responder basta con dar dos cifras que nos pueden dar luz al respecto. El Gobernador Yunes ha recuperado en efectivo, muebles e inmuebles, obras de arte, joyas, etc., un monto de alrededor de 1,200 millones de pesos que el exgobernador Javier Duarte y algunos de sus colaboradores robaron del erario público, del dinero de los veracruzanos. Otro dato es el que corresponde al daño patrimonial que registró la Cuenta Pública del años 2016 del gobierno de Duarte, donde la cifra asciende a la cantidad de casi 12,500 millones de pesos, si, leyó bien, doce mil quinientos millones de pesos.  

Entonces comparado con los cientos de millones de pesos recuperados, y los que faltan, y los 12,500 millones del robo –documentado- en 2016, 400 millones ¿son mucho o poco? 

Sin duda que robar un solo peso del erario público es algo inadmisible, que merece ser señalado y castigado.Las observaciones del ORFIS a la cuenta 2017 se deben enviara investigación para que se deslinden responsabilidades y los responsables sean remitidos a las autoridades administrativas y de justicia para que se les aplique todo el peso de la ley y devuelvan lo robado. No se puede ni se debe permitir que en el estado se repita la historia trágica que padecimos en cuando menos las dos administraciones pasadas. No debe haber espacio alguno a la corrupción y menos a la impunidad.  

Por: César Jiménez Martínez