La noche de este miércoles, a la Cámara de Diputados llegó la iniciativa propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y se suspende la evaluación docente.

"Mientras la legislación secundaria no establezca los criterios y parámetros de verificación de resultados aplicables a las distintas actividades desarrolladas en el ámbito educativo del así, quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros", puntualiza el séptimo transitorio. 

Respecto al INEE, la reforma al artículo 3 constitucional plantea que sus recursos se destinen a la creación de un Centro "con autonomía técnica que contribuya a la mejora continua de la educación", que se encargaría de emitir los lineamientos relacionados con la formación y mejora continua de los docentes.

Esta nueva dependencia estaría dirigida por un Consejo Directivo de siete miembros designados por la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), y este a su vez contará con un Consejo Consultivo conformado por "docentes distinguidos, madres y padres de familia reconocidos y representantes de las organizaciones civiles dedicadas a esa materia".

El Congreso de la Unión contará con 180 días, a partir de la entrada en vigor de las adecuaciones constitucionales, para realizar los cambios en otras leyes aplicables. En tanto, la SEP proveerá "transitoriamente" las medidas necesarias paradas cumpliendo a la Constitución. 

Además, tal como lo anunció la mañana del miércoles, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la educación superior se convierte en obligatoria, se comprendería hasta la secundaria como educación básica y se fomentaría la formación en las escuelas normales. 

"El Estado dará atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente para actualizar los métodos de enseñanza-aprendizaje y mejorar la educación, con el objeto de actualizar dichos métodos y aportar a la excelencia educativa", señala el documento.

Se agrega también un inciso E a la fracción segunda del artículo 3, en el que se obliga al Estado a garantizar que la educación indígena se dé en el respeto a su patrimonio histórico y cultural, pero garantizando que se imparta educación bilingüe y bicultural para todos los educadores. 

"En las escuelas de educación básica en zonas vulnerables, se implementarán acciones de carácter alimentario", se pretende, lo mismo que respaldar a los estudiantes "en condiciones de desventaja mediante el establecimiento de políticas incluyentes".

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