El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y crea un centro nacional para la revalorización del magisterio, entre otros. 

Asimismo, retira la fracción sobre la autonomía de las universidades y, aunque el documento no lo incluye, el titular de la SEP mancionó a sindicatos “para ser parte de un consejo consultivo encargado de elaborar un plan de gran visión educativa”.

López Obrador busca cumplir su promesa de campaña de eliminar la Reforma Educativa promulgada en 2013 y perfila suspender la aplicación de cualquier forma de evaluación docente y sus efectos punitivos, incluidos los ya aplicados.

La fracción VII del artículo 3° constitucional precisa actualmente que “las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas (...) respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio”, lo que fue omitido en esta propuesta. 

También se borra que las relaciones laborales del personal académico y administrativo se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, en los términos y modalidades de la Ley Federal del Trabajo, de manera que concuerden con la autonomía, libertad de cátedra e investigación. 

La iniciativa presidencial no hace referencia a la autonomía universitaria. En la fracción VII precisa sólo que la educación estará apegada a los principios de ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia y el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

NUEVOS CRITERIOS

La propuesta también desaparece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el INEE, encargado de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema. 

En cambio, propone la creación de un centro nacional para la revaloración del magisterio y la mejora continua educativa “para dar coherencia o certidumbre a la función educativa y al magisterio en lo específico, mediante la emisión de lineamientos para elaborar programas de actuación y evaluación continua del magisterio”.

Este centro, dotado de autonomía técnica, se encargarán de “establecer y aplicar criterios con los que se verificará los resultados de los programas de mejora, al tiempo que presente propuestas a las autoridades educativas a fin de tomar en cuenta los resultados de sus mediciones para aplicar soluciones que eleven el nivel de la calidad de la educación y fortalezcan la equidad de su impartición”.

Esteban Moctezuma, titular de la SEP, dijo por la mañana que el sindicato podría intervenir en las políticas educativas.Dijo que “van a ser representantes de instituciones dedicadas a la educación de manera que las instituciones nombren a sus representantes de manera interna, instituciones académicas, sindicatos o cualquier otro participante”. 

El centro nacional para la revaloración del magisterio tendrá un consejo directivo integrado por siete miembros designados por la autoridad educativa federal, que a su vez tendrá un consejo consultivo conformado por docentes, padres de familia, representantes de organizaciones sociales, investigadores y expertos. 

Dicho cuerpo colegiado tendrá también a su cargo la elaboración de un plan de gran visión educativa de carácter indicativo para la formulación de los programas a mediano plazo”, acota el documento. 

La iniciativa, que se podrá comenzar a dictaminar en febrero del próximo año, según Mario Delgado, coordinador de Morena, se diseñó con la participación, ponencias y entrevistas a cerca de dos millones de personas, describió Moctezuma Barragán. 

Por la mañana, en una ceremonia, el presidente López Obrador firmó la iniciativay se retiró. Dejó al titular de la SEP explicar que en la conformación del documento se integraron las 64 mil ponencias ingresadas a la plataforma digital abierta en el periodo de transición de gobierno. 

También se incluyeron 1.7 millones de entrevistas realizadas por brigadistas en vivienda y calles entre la elección y la toma de protesta. 

Además, se sumaron 110 mil cuestionarios contestados por directivos y docentes en activo sobre su desempeño y la opinión de 80 mil personas que acudieron a los foros sobre educación. 

Moctezuma calculó que cerca de mil profesores fueron cesados como resultado de las evaluaciones impuestas por la Reforma Educativa. 

Dijo que el centro para la revalorización del magisterio tendrá lineamientos para evaluar el sistema educativo, pero se incluirán las autoridades educativas. 

Precisó que, en tanto se aprueba la iniciativa y se crean las leyes secundarias, se mantendrá en vigor la actual Reforma Educativa y que la relación con los estados se mantendrá por ahora sin cambios.

BRACHO: ES UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA

La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es un atentado al sistema democrático de contrapesos, aseguró Teresa Bracho, quien preside la Junta de Gobierno del organismo autónomo.

La propuesta de eliminar un organismo autónomo como el INEE representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia, y en particular contra los órganos constitucionales autónomos.

Esta separación y equilibrio de poderes es fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado democrático”, indicó Bracho, en conferencia de prensa. 

Acompañada por los consejeros Sylvia Schmelkes, Bernardo Naranjo y Patricia Vázquez, Bracho señaló el riesgo de dejar la evaluación educativa a las autoridades involucradas. 

No podemos volver a dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio educativo, porque(...) hacerlo es equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos. 

Nuestro país ha avanzado mucho en evitar que la autoridad sea juez y parte en materia educativa”, aseveró.

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