El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha diversificado sus actividades criminales para obtener recursos económicos fuera del narcotráfico, incluyendo el lavado de dinero a través de las criptomonedas y el contrabando internacional de cigarrillos.

La extorsión, el robo de hidrocarburos, el tráfico de armas y los fraudes inmobiliarios también forman parte de los negocios ilícitos atribuidos a esta organización, cuyas operaciones han quedado bajo el seguimiento de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). 

Mediante investigaciones especializadas, análisis de información financiera y seguimiento de rutas comerciales internacionales, la UIN ha logrado identificar mecanismos utilizados por estructuras de la delincuencia organizada para introducir mercancías ilegales al territorio nacional y generar recursos millonarios.

Uno de los principales resultados de estos trabajos de inteligencia es el aseguramiento, entre 2024 y 2026, de 481 millones de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 678 toneladas, cuyo valor representa una afectación económica estimada en 2 mil 375 millones de pesos para las organizaciones criminales involucradas, principalmente el CJNG.

Las investigaciones navales permitieron reconstruir rutas de abastecimiento, detectar operaciones comerciales irregulares y establecer conexiones logísticas con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Los análisis de la UIN identificaron posibles mecanismos de triangulación comercial mediante los cuales los cargamentos pasan por diferentes países antes de llegar a México, con el propósito de dificultar el rastreo de su procedencia y la identificación de los intermediarios.

De acuerdo con los registros de la Semar, 470 toneladas de cigarrillos ilegales fueron aseguradas en operaciones marítimas, 198 toneladas por vía aérea y otras 10 toneladas mediante movimientos terrestres.

El incremento de los decomisos también refleja los resultados de las operaciones de inteligencia. Durante 2024 se aseguraron 15 millones de cigarrillos; en 2025 la cifra ascendió a 215 millones y, en lo que va de 2026, alcanzó 251 millones.

Para detectar estas redes, la Unidad de Inteligencia Naval trabaja en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina, mediante el intercambio de información comercial, aduanera y financiera.

Esta colaboración permite identificar embarques sospechosos, posibles empresas intermediarias y movimientos de mercancías con inconsistencias documentales, además de investigar las estructuras económicas que sostienen las operaciones del crimen organizado.

Granjas de criptominería en la sierra de Puebla

Otra línea de investigación relacionada con posibles nuevas fuentes de financiamiento criminal surgió en la Sierra Norte de Puebla, donde trabajos de inteligencia y reconocimiento de la Armada de México permitieron localizar dos instalaciones dedicadas a la minería de criptomonedas.

En menos de dos meses, las autoridades aseguraron 1,082 equipos de criptominería en dos inmuebles del municipio de Tlaola, una región donde se ha reportado presencia de organizaciones delictivas, incluidas células vinculadas con el CJNG.

El primer cateo se efectuó el 11 de septiembre de 2026, en el predio conocido como "El Beneficio". Durante la intervención, elementos navales localizaron 1,032 equipos informáticos, 95 dispositivos de conexión de red, tres antenas satelitales, una antena de microondas y cinco transformadores eléctricos.

También fueron asegurados diversos materiales utilizados para mantener en funcionamiento la infraestructura tecnológica, además de una escopeta y 12 cartuchos calibre .410.

Los trabajos de reconocimiento aéreo realizados posteriormente por personal de inteligencia naval, mediante drones con tecnología de detección térmica, permitieron ubicar otro inmueble con características similares, aproximadamente a 4.3 kilómetros del primero.

El 5 de noviembre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de seguridad perimetral de la Marina, ejecutaron una orden de cateo en el predio denominado "La Gallera".

En este segundo inmueble fue detenido un hombre y se aseguraron 50 equipos para minería de criptomonedas, que contenían 100 tarjetas gráficas, además de sistemas de enfriamiento, videovigilancia, conexión satelital y una instalación eléctrica trifásica presuntamente utilizada para la extracción irregular de energía.

Las investigaciones buscan determinar la procedencia de los equipos, el financiamiento de las instalaciones, las condiciones del suministro eléctrico y el destino de los activos digitales generados.

Las autoridades también deberán establecer si los inmuebles tienen alguna relación con estructuras del crimen organizado. Hasta ahora, no se ha acreditado públicamente una vinculación directa de estas instalaciones con el CJNG.

CJNG amplía sus fuentes de financiamiento

Los hallazgos de inteligencia se producen en medio de la expansión de los negocios ilegales atribuidos al CJNG por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Además de mantener operaciones relacionadas con la producción y distribución de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, la organización ha incursionado en actividades como el secuestro, cobro de piso, tráfico ilícito de migrantes, tala clandestina, minería ilegal, lavado de dinero y fraudes inmobiliarios relacionados con propiedades vacacionales y tiempos compartidos. 

La diversificación de estos delitos representa un desafío para las autoridades, debido a que algunas operaciones criminales aprovechan infraestructura comercial, empresas intermediarias, sistemas financieros y mecanismos tecnológicos que dificultan la identificación del origen y destino de los recursos.

En este escenario, el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval se ha convertido en una herramienta para rastrear redes de contrabando, identificar operaciones financieras sospechosas y contribuir al debilitamiento de las estructuras económicas de la delincuencia organizada. 

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