La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó este martes de los señalamientos de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres Torres, exdiputado federal y local, de ser facilitador del Cartel de Sinaloa, al asegurar que ni ella ni su Gobierno serán “voceros de esas circunstancias”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el martes a casi cincuenta personas y entidades que actúan como líderes o facilitadores del Cartel de Sinaloa, entre ellos, Torres, y exfuncionarios de Baja California.

Entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran “el líder del cartel, Ismael Zambada Sicarios (alias ‘Mayito Flaco’), algunos miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cartel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”, explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Ante las sanciones, la mandataria estatal dijo desconocer “todos los hechos que se presentan en esta acusación” e insistió en que las autoridades correspondientes deben informar al respecto.

“Ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de esas circunstancias”, afirmó en una entrevista con medios.

Específicamente sobre las acusaciones contra exfuncionarios, Ávila se limitó a señalar que su administración ha combatido “de manera frontal” a todos los grupos de la delincuencia organizada.

Los señalamientos de EE.UU. también alcanzan a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo del gobierno de Baja California, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

En su acusación, el Tesoro estadounidense afirma que la presunta “narcocorrupción” ha alcanzado hasta “los niveles más altos” del gobierno de Baja California.

Sin embargo, la gobernadora no se encuentra entre las personas sancionadas.

Previamente, Torres negó cualquier relación con grupos o actividades criminales dentro y fuera de México, al tiempo que anunció que iniciará gestiones ante las autoridades estadounidenses para aclarar su inclusión en la lista de sancionados por la OFAC.

Torres indicó que los señalamientos iniciaron con “denuncias anónimas” ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025, y sostuvo que hasta la fecha no ha sido citado a comparecer “para poder esclarecer estas mentiras”.

“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”, dijo en un comunicado.

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