La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este 28 de julio que el procedimiento judicial contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel sea una persecución política. Según información de EFE, la mandataria puntualizó que la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) atiende exclusivamente un delito grave relacionado con el contrabando de combustible.

Durante la conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo desestimó las acusaciones sobre un presunto linchamiento institucional tras la detención del exmandatario de Baja California. Además, enfatizó que los señalamientos derivan de indagatorias tecnificadas y evidencias sólidas sobre conductas delictivas en materia de hidrocarburos e inconsistencias fiscales cometidas de manera prolongada.

Proceso judicial y desmantelamiento de red ilícita

En el desglose de los hechos, la autoridad judicial determinó el pasado 23 de julio la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo Appel junto con otras siete personas imputadas. Todos afrontan cargos por delincuencia organizada, evasión fiscal e infracciones a la legislación de hidrocarburos, luego de un operativo donde se descubrieron 33 ferrotanques abandonados en el estado de Coahuila.

Las indagatorias oficiales revelaron que la estructura delictiva operaba mediante el transporte ferroviario, declarando únicamente el 10 por ciento del volumen real del combustible importado para evadir al fisco.

"Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo", manifestó Sheinbaum al respecto.

Respuesta a exmandatarios internacionales y grupo IDEA

La postura gubernamental surgió como réplica directa al posicionamiento emitido por el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Este foro internacional, integrado por exmandatarios como Felipe Calderón, José María Aznar y Álvaro Uribe, calificó la captura del exgobernador como un acto de "venganza política" atribuible a un supuesto deterioro del Estado de derecho en la nación.

Ante tales declaraciones, la presidenta Sheinbaum argumentó que los firmantes carecen de sustento informativo respecto a los elementos presentados por las autoridades ministeriales.

"Cometer un fraude a la hacienda pública y traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados", aseveró la titular del Ejecutivo federal al defender la autonomía de la investigación.

Postura de la fiscalía y seguimiento del expediente

Por su parte, la FGR reiteró mediante un comunicado institucional que la orden de aprehensión fue otorgada legalmente por un juez federal tras validar los elementos probatorios aportados. Pese a que la defensa del acusado sostiene su inocencia, el organismo judicial ratificó que las diligencias continúan vigentes para deslindar responsabilidades penales en la red de importación ilícita.

El expediente procesal mantiene bajo medida cautelar a los ocho implicados mientras avanzan las etapas complementarias del juicio federal. La resolución del caso dependerá del desahogo de pruebas aportadas por las partes involucradas, asegurando que el actuar de la fiscalía responde a mandatos de ley y no a consignas partidistas, según la postura sostenida por Sheinbaum.

MVS