Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen a la minuta del llamado “Plan B” de la reforma electoral, con 60 votos a favor y 13 en contra.

El documento fue turnado a la Mesa Directiva y se prevé que este mismo miércoles sea discutido, y, en su caso, aprobado por el Pleno de San Lázaro.

El dictamen fue aprobado por el Senado el pasado 26 de marzo, cámara que eliminó los cambios planteados a la consulta de revocación de mandato, por lo que ésta se realizaría en 2028 y no en 2027 como pretendía el oficialismo.

El documento, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución en materia de integración de ayuntamientos, límites al presupuesto de congresos locales, paridad de género y remuneraciones en organismos electorales.

En la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado morenista Leonel Godoy, se registraron 33 votos a favor y siete en contra; mientras que en la de Reforma Política-Electoral, encabezada por el morenista Víctor Hugo Lobo, hubo 27 votos a favor y seis en contra.

Entre los cambios aprobados, se establece que los ayuntamientos se integrarán por una presidencia municipal, “una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal”.

También se fija que las legislaturas locales no podrán ejercer un presupuesto superior al 0.70% del total del gasto estatal, además de que deberán garantizar la paridad de género y prohibir la reelección inmediata de diputaciones locales.

En cuanto a los organismos electorales, el dictamen señala que las remuneraciones de consejeros del INE, magistraturas electorales y otros cargos no podrán rebasar el límite constitucional, y prohíbe la contratación con recursos públicos de seguros médicos privados, de vida, pensiones especiales u otras prestaciones no previstas en la ley.

Los artículos transitorios establecen que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026. Asimismo, el presupuesto del Senado deberá ajustarse de forma progresiva en los próximos cuatro ejercicios fiscales, sin afectar derechos laborales.

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Los ahorros derivados de recortes a congresos locales y ayuntamientos se destinarán a infraestructura pública, quedando en las haciendas municipales y estatales.

Durante la discusión, la diputada emecista Claudia Ruiz Massieu consideró que se trata de una reforma limitada y “mal construida en su origen, con errores y que además vulnera el federalismo y el régimen municipal”. En el mismo sentido, el diputado priista César Alejandro Domínguez afirmó que “México no necesita reformas impuestas desde la prisa y la soberbia”.

En contraste, la petista Lilia Aguilar sostuvo que la reforma “pone fin a privilegios y gasto excesivo” y permitirá generar ahorros en los estados. La morenista María del Carmen Bautista afirmó que los cambios podrían traducirse en ahorros por más de cuatro mil millones de pesos y que se “pasa de un modelo de privilegios a uno de responsabilidad pública”.

La diputada del PAN Noemí Luna señaló que se desaprovechó la oportunidad de atender problemas estructurales del sistema democrático, mientras que su compañero de bancada Homero Niño de Rivera calificó la propuesta como una reforma “descafeinada” que no aborda la injerencia del crimen organizado en procesos electorales.

El diputado de Morena, Luis Humberto Aldana, afirmó que la reforma busca reducir el gasto público para canalizar recursos a obra pública, y advirtió: “Cada voto en contra es atentar en contra del pueblo”.

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