Indígenas de Arantepacua incendiaron al menos cuatro camiones y atacaron con cohetes la Fiscalía General de Michoacán como parte de una marcha en protesta por el asesinato de extrajudicial de cuatro comuneros perpetrado en abril del 2017 en un operativo policial presuntamente ordenado por el exgobernador Silvano Aureoles, considerado prófugo de la justicia.

Los manifestantes iniciaron sus protestas alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando tomaron por la fuerza e incendiaron un camión de una empresa de pan sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, a la altura del municipio de Salvador Escalante. 

Los comuneros arribaron en varios autobuses al Libramiento Poniente de Morelia, donde atacaron las instalaciones de la fiscalía con cohetes, piedras y palos.

Además, los purépechas también prendieron fuego a dos camiones propiedad de las empresas de agua y refresqueras, los cuales tomaron por la fuerza a las afueras de la fiscalía. 

El contingente marchó por la avenida Siervo de la Nación, donde atacó la fachada de la delegación del Infonavit, para continuar sobre la avenida Periodismo; causó destrozos y realizó pintas en una empresa de paquetería, donde un camión también fue incendiado.

El contingente siguió su trayecto sobre la avenida Madero Poniente, donde incendió una camioneta de una empresa repartidora y una motocicleta de la Guardia Civil; también robaron otra patrulla de la misma corporación y atacaron una unidad de la Secretaría de Agricultura federal.

Se prevé que la marcha continúe hacia al Palacio de Justicia “José María Morelos”, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), donde también podrían atacar el inmueble.

El gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla ordenó resguardar con vallas el acceso principal del Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico moreliano, ante la posibilidad de que los indígenas se manifiesten ahí.

Cabe mencionar que un juez otorgó 16 órdenes de aprehensión por el asesinato extrajudicial de los cuatro indígenas, en contra también del exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como de 14 exfuncionarios y policías estatales que presuntamente participaron en los hechos.

El caso ocurrió el 5 de abril del 2017, cuando agentes de la Policía Michoacán (actual Guardia Civil), realizaban un operativo para recuperar un centenar de vehículos que los indígenas mantenían retenidos en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, a manera de presión por un conflicto agrario ancestral que mantenían con el poblado de Capácuaro, del municipio de Uruapan.

Durante el operativo se registró un tiroteo que terminó con la muerte de un policía y de cuatro indígenas, uno de ellos menor de edad. También hubo 35 heridos por golpes y balas, así como 38 detenidos que días después fueron liberados.

El gobierno de Silvano Aureoles informó que el tiroteo habría sido iniciado por un grupo de asesinos al servicio de Benito Morales Jiménez alias “El Beny”, jefe de plaza del Cártel de Los Viagras y exintegrante de Cártel de "Los Caballeros Templarios", quien consideró que el operativo era en contra de él. Este presunto delincuente no fue detenido.

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