El juez Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, abrió la puerta a posibles beneficios para un perfil criminal de alto impacto conocido como Juvenal “J”, “El Padrino”, líder de una red internacional de trata de personas en el Bar Adelitas de Tijuana, Baja California. 

El argumento, en apariencia técnico, descansa en la falta de atención médica dentro del penal de máxima seguridad de Hermosillo. Pero detrás de esa narrativa jurídica, se esconde una estrategia de la defensa para que su cliente que percibió más de 100 millones mensuales con la explotación sexual de decenas de mujeres no sea alcanzado por la justicia.

De acuerdo con documentos judiciales en poder de Excélsior, el propio juzgador reconoce que la solicitud parte de la defensa del imputado, quien asegura que no se le han suministrado medicamentos básicos como “urizia y omeprazol”, considerados indispensables para su salud. 

A partir de ello, el juez invoca criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el derecho a la salud, incluso señalando que la omisión de atención médica puede equipararse a un “tormento” si pone en riesgo la vida o integridad del interno.

Hasta ahí, el argumento suena jurídicamente sólido. Nadie, ni siquiera un criminal, debería estar fuera del alcance de sus derechos fundamentales. El problema es el contexto. Porque no se trata de un interno cualquiera. Se trata de un líder criminal cuya capacidad operativa, incluso tras las rejas, ha sido motivo de preocupación en distintos niveles de seguridad. 

El propio documento revela que el juez ordenó a la directora del penal revalorar de inmediato el estado de salud del interno y, de ser procedente, suministrarle el medicamento solicitado en un plazo de 24 horas, bajo advertencia de sanción económica en caso de incumplimiento. Es decir, no solo reconoce el reclamo, lo respalda con carácter urgente.

Pero hay una línea delgada, muy delgada, entre garantizar derechos y generar condiciones que puedan derivar en beneficios procesales o penitenciarios indebidos.

El juez Domínguez Villapudua sostiene que corresponde al juzgador valorar si la falta de atención médica afecta gravemente la dignidad del interno, una valoración que no está sustentada por opiniones de médicos geriátricos expertos, debido a que un mal estomacal o una artritis no debe ser justificante para evadir el peso de la ley.

Pero esa valoración también debería ponderar el impacto social de sus decisiones, especialmente cuando se trata de figuras vinculadas al crimen organizado, una figura que ha desplazado a las decenas de víctimas a las que exploto sexualmente obteniendo ganancias millonarias que ahora las aplica para evitar ser castigado por lo que hizo por años. 

Esperemos el resultado de la audiencia intermedia a celebrarse este jueves a las 09:15 en videoconferencia, donde un criminal de alto perfil puede ser protegido bajo los argumentos médicos de un juez. 

EXCELSIOR