El Congreso de Nuevo León aprobó de manera unánime una reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, con el objetivo de cerrar la brecha de omisión institucional y garantizar una protección más efectiva a los estudiantes.

Con esta modificación, los maestros deberán informar de inmediato al Ministerio Público cuando sean testigos o tengan conocimiento de conductas que puedan ser consideradas delitos dentro del entorno escolar. De no hacerlo, los docentes o el personal administrativo podrían ser señalados como responsables de encubrimiento.

Un paso firme contra el bullying en las escuelas

La reforma fue impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y busca fortalecer los protocolos de actuación para enfrentar situaciones de acoso escolar (bullying) y violencia entre estudiantes.

El objetivo central es construir una cultura de paz en las aulas, asegurando que los maestros cuenten con capacitación para detectar, prevenir y manejar incidentes de forma correcta.

De acuerdo con el dictamen aprobado, los docentes son considerados la primera autoridad dentro de las aulas y tienen la obligación de proteger el bienestar físico y emocional de los alumnos.

Lo que dijeron los legisladores

Durante la sesión, Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, señaló que los casos de acoso escolar en Nuevo León son frecuentes y que se necesitaban protocolos claros para actuar con rapidez.

Por su parte, Claudia Caballero, diputada local del PAN, destacó la importancia de la capacitación continua para que maestros y personal administrativo tengan las herramientas necesarias y así garantizar entornos seguros para los estudiantes.

El dictamen citó como antecedente un caso registrado en la Universidad Tec Milenio, donde se habrían reportado situaciones de acoso y conductas que podrían considerarse delitos. Este episodio sirvió como ejemplo para resaltar la urgencia de establecer sanciones claras para quienes omitan denunciar hechos de esta naturaleza.

¿Qué cambia con esta reforma?

Denuncia obligatoria: los maestros deberán notificar al Ministerio Público si detectan conductas que puedan constituir un delito.

Responsabilidad legal: en caso de omisión, el personal escolar podría enfrentar sanciones por encubrimiento.

Protocolos reforzados: se establecen reglas claras para atender el bullying y la violencia escolar.

Capacitación docente: maestros y administrativos recibirán preparación para manejar estas situaciones.

Cultura de prevención: se busca consolidar un ambiente escolar seguro y libre de violencia.

Una medida con impacto nacional

Con esta reforma, el Congreso de Nuevo León envía un mensaje contundente. El bullying y la violencia escolar no deben ser ignorados. Además, se espera que la iniciativa sirva como ejemplo para otras entidades del país que enfrentan problemáticas similares.

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