La Fundación Mary Street Jenkins anunció denuncias penales por diversos delitos federales ante la “persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla”.

Por medio de un comunicado, el organismo recordó que el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata al único patronato legalmente constituido, presidido por Margarita Jenkins de Landa.

El mandamiento emitido por el Poder Judicial de la Federación, aseguró la Fundación, “tiene efectos amplios y demuestra con claridad una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Juzgado Federal ha detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus de Cholula, en la que participó la Policía Estatal armada”.

Acusó que la JCIAP, presidida por José Daniel Vázquez Millán, “ha sido responsable de diversos atropellos, como imponer un patronato espurio que, a su vez, nombró de manera ilegítima a Armando Ríos Piter como presunto nuevo rector de la UDLAP, pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la Universidad”.

La desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo, en sí mismas representan conductas ilícitas y distintos delitos federales, que han sido cometidos durante la incursión del pasado 29 de junio en la UDLAP, tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial”, acusó.

La organización denunció además que la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, “patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la Universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”.

Por lo anterior, la Fundación Mary Street Jenkins acusó enérgicamente los señalamientos “sin pruebas para sostener una campaña dolosa que usa la fuerza del Gobierno estatal para normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho”.

La verdad legal y la razón asiste a la Fundación Mary Street Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para esta institución”, aseguró.

Finalmente, aseguró que las “artimañas y falsedades” que difunden las autoridades Puebla “lastiman el prestigio de una Fundación que por casi 70 años ha trabajado en beneficio de miles de familias poblanas y de instituciones en todo el país”.

LÓPEZ DÓRIGA