Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos secundó que la Administración del presidente Donald Trump siga aplicando el arancel global del 10 por ciento impuesto por el republicano en febrero después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.

El tribunal otorgó así una victoria temporal al Gobierno Trump al permitir que se sigan cobrando las tasas mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y con fecha de expiración prevista para fines de julio, si no son extendidos por el Congreso.

En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York falló 2-1 a favor de una demanda impuesta por pequeñas empresas y dictaminó que estos nuevos aranceles eran “inválidos” y “no autorizados por la ley”, al considerar que Trump se había excedido en la autoridad arancelaria delegada por el Congreso.

La Sección 122, que hasta ahora no se había invocado para justificar impuestos a la importación, otorga al presidente estadounidense la capacidad de imponer aranceles globales de hasta el 15 por ciento durante 150 días, tras lo que se requiere una aprobación de los legisladores para prorrogar este plazo.

Después del revés del Supremo, Trump amenazó en febrero con subir al 15 por ciento el nuevo gravamen a los socios comerciales de EE.UU., aunque de momento no lo ha hecho.

El Tribunal Supremo dictaminó que el mandatario no tenía la autoridad para aplicar tasas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, la base de gran parte de la agresiva política arancelaria lanzada por Trump desde su regreso al poder en enero de 2025 para un segundo mandato.

En abril pasado, el Gobierno de EE.UU. puso en marcha el proceso para el reembolso de unos 166 mil millones de dólares cobrados ilegalmente a través de los aranceles anulados por el alto tribunal.

El dictamen del Supremo afecta a los gravámenes que Washington denomina “recíprocos”, impuestos por el republicano con el objetivo de “reducir el déficit comercial” de EE.UU. con sus socios, además de los aranceles adicionales del 25 por ciento a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

LÓPEZ-DÓRIGA