El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos casinos en Tamaulipas y tres individuos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, organización criminal que surgió tras la fragmentación de Los Zetas. 

Según Washington, tanto los establecimientos como las personas señaladas habrían facilitado operaciones ilícitas como tráfico de fentanilo, trata de personas, lavado de dinero y extorsión, reforzando el dominio del cártel en la frontera norte de México. 

Los casinos sancionados son el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), y el Casino Diamante, en Tampico. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos habrían servido como plataformas para blanquear capitales y ocultar grandes cantidades de efectivo y drogas. 

Entre los individuos designados se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado como responsable de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo; el abogado Juan Pablo Penilla, quien representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, y habría actuado como intermediario entre el líder encarcelado y miembros activos del cártel; así como Jesús Raymundo Ramos Vázquez, abogado y activista, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acusado de limpiar la imagen pública del grupo criminal y brindar apoyo a sus integrantes detenidos.

Con estas sanciones, Estados Unidos busca frenar las operaciones financieras y sociales que fortalecen al Cártel del Noreste, subrayando que los señalados desempeñan un papel clave en mantener la influencia del grupo en Tamaulipas y en expandir sus actividades ilícitas hacia otros mercados.

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