Después de varios meses de intensas negociaciones, finalmente la cúpula de la Iglesia católica española, representada por la Conferencia Episcopal (CEE), llegó a un acuerdo con el Defensor del Pueblo –un órgano independiente pero nombrado por el Ejecutivo, del socialista Pedro Sánchez– para la indemnización de las víctimas de la pederastia en el seno de los círculos religiosos.

En realidad se trata de un nuevo protocolo de indemnización, que entrará en vigor el próximo 15 de abril y que podrá ser retroactivo para los casos en los que la justicia ya dictaminó un monto o fijó un acuerdo específico.

El responsable de anunciar el acuerdo por parte de la CEE fue el obispo, Luis Argüello, quien señaló en una rueda de prensa que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos. Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, explicó.

Se trata de un acuerdo histórico, en el que por primera vez la Iglesia católica española asume que otra institución tutele los procesos de reparación de las decenas de víctimas de abusos sexuales por parte de personas vinculadas al credo católico, ya sean curas, pastores, diáconos y obispos.

Por parte del gobierno, el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, defendió al acuerdo al insistir en que “hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Mientras que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, añadió que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender que la reparación no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo incluye una cláusula vital de cara al cumplimiento de las futuras indemnizaciones, que obliga a cumplir con lo estipulado por los organismos competentes a las diócesis vinculadas al caso concreto, pero si éste no lo asume, entonces asumiría el cargo del pago la propio CEE o la Conferencia Española de Religiosos, con lo que se garantizará la indemnización a las víctimas.

LA JORNADA