Activistas y trabajadores de origen latino y asiático exigieron este jueves un alto a las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como la liberación de algunos trabajadores que fueron encarcelados el pasado 6 de julio en la ciudad de Los Ángeles, una muestra de solidaridad que une a dos grandes minorías raciales de California.

“Mi hermano, José, junto con otras 14 personas de mi comunidad fueron secuestrados por ICE el 6 de julio, fueron llevados sin una razón y separados de nuestras familias por muchos días, la mayoría eran trabajadores de fábricas y construcciones”, dijo Carlos González, un joven nacido en Los Ángeles de origen mexicano.

González junto a otra decena de personas que tienen familiares dentro de centros de detención de ICE en Los Ángeles, cuestionaron los métodos de detención empleados por esta institución en las últimas semanas en el estado de California, durante una protesta realizada en el Seoul International Park, organizada por activistas de origen asiático e hispano.

Por su parte, T.J Kim, un migrante coreano integrante de la organización Kiwa ‘Workers For Justice’, denunció que esta semana dos trabajadores de uno de los mercados más populares del barrio coreano de Los Ángeles fueron apresados por ICE cuando se encontraban realizando sus labores.

Kim junto a otro grupo de activistas, catalogaron como “ilegales” e “intimidantes” las recientes acciones de ICE, que incluyeron el despliegue de 90 agentes federales fuertemente armados el pasado 7 de julio en el parque McArthur ubicado en el centro de Los Ángeles.

La militarización de la ciudad de Los Ángeles y las recientes acciones de ICE generan disgusto en diversos sectores como en las organizaciones de jornaleros, migrantes y de la propia alcaldesa Karen Bass, quien calificó el operativo del parque McArthur como un acto violento.

Los integrantes de Kiwa señalaron que en los últimos meses han registrado la detención de al menos 1.006 migrantes de diversos orígenes en Los Ángeles y aseguran que la mayoría de hechos fueron perpetrados por agentes que no se identificaron.

Durante la protesta, los activistas detallaron que los trabajadores del sector de lavaderos de carros es uno de los más afectados por la autoridad migratoria, puesto que se han registrado 106 personas encarceladas pertenecientes a este gremio.

“Nosotros venimos de países por situaciones de violencia, dictaduras, corrupción, cambio climático y llegamos a este país porque creemos que nuestras familias se merecen una vida mejor, por eso debemos luchar por vivir libres en nuestras calles”, indicó María Herrera, una migrante de origen guatemalteco.

Las organizaciones pro-migrantes exigen a las autoridades locales mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades mientras se encuentran trabajando “en pro de la construcción de la ciudad”. También exigen buscar medidas para liberar a las personas que se encuentran detenidas actualmente.

Familiares de personas arrestadas, como Carlos González, denuncian que sus seres queridos están detenidos en sitios donde se les priva de necesidades básicas como el agua o se les somete a interrogatorios al aire libre.

Esta semana, la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse en Nueva York, señaló en un informe que ICE extendió la capacidad a 45 de sus 181 centros de detención en abril para poder responder a la gran cantidad de personas detenidas.

Trac también destacó que algunos de los migrantes presos han sido enviados a centros fuera de los Estados donde sus familias habitan, como el caso del migrante salvadoreño Rodolfo Villanueva, quien fue detenido en California, pero fue enviado a El Paso, Texas. 

LÓPEZ-DÓRIGA