Un panel de jueces de un tribunal de apelaciones de San Francisco evaluaron este martes si el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá el control de la Guardia Nacional de California, y de acuerdo a medios locales y analistas, dieron señales de favorecer la permanencia de las fuerzas en el terreno.

Aunque aún no hay un fallo definitivo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. cuestionó los argumentos de un abogado que defiende a California, quien sostenía que Trump había asumido ilegalmente el control de la Guardia Nacional de California al no consultar al gobernador, Gavin Newsom, antes de hacerlo.

La semana pasada el juez de distrito Charles Breyer había emitido una orden judicial que obligaba a Trump a retirar a los 4 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en las calles de Los Ángeles tras el estallido de las protestas contra los operativos masivos de inmigración en la ciudad californiana.

No obstante, el fallo fue bloqueado temporalmente horas después por el tribunal de apelaciones y fue pactada una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes.

Este martes, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Brett Shumate, aseguró que Trump actuó “dentro de su autoridad” como presidente, y afirmó que los tribunales no pueden revisar ni anular su decisión, ya que el despliegue se realizó bajo el Título 10 del Código de Estados Unidos, el cual otorga al presidente el poder exclusivo de federalizar la Guardia Nacional.

Según Shumate, este tipo de decisiones militares forman parte de las facultades constitucionales del comandante en jefe, y por tanto, están fuera del alcance del poder judicial.

El fiscal general adjunto también señaló que de aceptarse la petición de California, esta permitiría al gobernador Gavin Newsom bloquear cualquier futura orden presidencial de despliegue de tropas.

Por su parte, el aabogado del Estadode California, Samuel Harbourt, respondió que acciones como la federalización de la Guardia Nacional sin consulta al gobernador son extremadamente inusuales en la historia estadounidense y representan “una grave amenaza para la tradición democrática del país”.

Rob Bonta, el fiscal general de California que demandó a la administración de Trump por desplegar a los miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, reaccionó a la audiencia de este martes en su cuenta de X:

“El intento de la administración Trump de desplegar fuerzas militares en las calles estadounidenses no sólo es inmoral, sino ilegal y peligroso”, apuntó.

Las manifestaciones en Los Ángeles se han apaciguado y la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, levantó el toque de queda.

LÓPEZ-DÓRIGA