El mercado de bienes raíces en México enfrenta un repunte de fraudes impulsado por vacíos legales y el mal uso de herramientas digitales, un delito patrimonial que genera pérdidas anuales estimadas en 600 millones de pesos, de acuerdo con los registros de asociaciones de profesionales inmobiliarios en el país.

Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indican que el sector inmobiliario concentra una de las diez principales quejas a nivel nacional, donde una de cada cinco transacciones presenta alguna irregularidad. Las estafas más comunes incluyen la solicitud de anticipos por propiedades inexistentes y la falsificación de documentos a través de anuncios engañosos en internet.

El problema se agravó con la incursión de las nuevas tecnologías, las cuales facilitan a los defraudadores la suplantación de identidad en las plataformas digitales. José Antonio Tiburcio Barwis, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de México (AIMAC) en Veracruz, advirtió que los esquemas de robo mutaron para adaptarse al entorno virtual.

"La inteligencia artificial ha cambiado la manera de vender, de comprar y de rentar actualmente", reconoció el representante comercial durante el tercer congreso estatal de la organización, el cual priorizó en su agenda la prevención de estafas en las operaciones de compraventa.

Para contener el índice de delitos, las agrupaciones del sector impulsan un marco regulatorio de carácter obligatorio. En el caso de Veracruz, el gremio ingresó un proyecto de Ley Inmobiliaria en coordinación con la diputada local Bertha Ahued Malpica para establecer requisitos estrictos a quienes comercializan desarrollos, casas y terrenos.

"Esta iniciativa ya fue presentada en el congreso del estado y obviamente contempla dentro de todo ello crear un padrón donde los agentes inmobiliarios que se encuentren certificados y cumplan los requisitos que pide el estado, puedan estar a la mano de las personas", detalló Tiburcio Barwis.

La conformación de un registro oficial avalado por el gobierno busca garantizar que los compradores verifiquen la autenticidad de los asesores antes de firmar contratos o realizar transferencias bancarias, una medida que el sector pretende estandarizar en el país para reducir el volumen de quejas por fraudes ante la Profeco.

Sergio Lara