La incertidumbre jurídica generada por la reforma judicial ya está modificando decisiones de inversión y estrategias de protección legal de empresas en México, de acuerdo con el primer Monitor Judicial de Data Coparmex. El organismo empresarial reportó que 67.8 por ciento de las compañías consultadas identifica efectos negativos en sus planes de inversión o expansión.

La medición fue realizada entre 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de Coparmex. El estudio señala que 38.9 por ciento de las compañías ahora actúa con mayor cautela al momento de invertir, mientras que 28.8 por ciento ya redujo o pospuso proyectos concretos.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, señaló que la percepción de incertidumbre ya tiene efectos en la operación de las empresas. "La certeza jurídica no es un asunto exclusivo de jueces y abogados: es una condición indispensable para invertir, contratar, emprender y generar empleo formal", afirmó.

El análisis también reporta cambios en las estrategias de protección jurídica. El 46.3 por ciento de las empresas consultadas ya modificó mecanismos relacionados con contratos, arbitraje, seguros o litigios, mientras que otro 34.5 por ciento evalúa realizar ajustes. En conjunto, 80.8 por ciento de las empresas modificó o analiza modificar su estrategia para enfrentar riesgos jurídicos.

La encuesta señala además que 55.9 por ciento de las compañías considera que disminuyó la certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo. Solo 3.3 por ciento reportó una percepción de mejora en estos aspectos. Para Coparmex, estos datos muestran que la discusión sobre la reforma judicial ya se refleja en decisiones empresariales.

A este escenario se suma el rezago de asuntos en el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con datos citados por Coparmex del Órgano de Administración Judicial, 210 mil 459 asuntos federales, equivalentes a 62.7 por ciento de los casos reportados como integrados y susceptibles de resolución, acumulaban más de 90 días sin sentencia. Sierra Álvarez planteó que el funcionamiento del nuevo sistema debe medirse con indicadores como tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia y previsibilidad de las decisiones.

Coparmex pidió establecer una agenda técnica de seguimiento con el nuevo Poder Judicial para evaluar sus resultados y detectar problemas que puedan afectar la confianza de ciudadanos y empresas. "El nuevo Poder Judicial solo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones", sostuvo el dirigente empresarial.

Sergio Lara