Agua Dulce, Veracruz. — La administración municipal saliente de Agua Dulce, encabezada por el alcalde Noé Olvera, enfrenta severos señalamientos tras revelarse un presunto daño patrimonial por 166 millones de pesos, cifra que representaría la totalidad de los recursos federales ministrados al municipio durante el ejercicio fiscal 2024.

De acuerdo con lo expuesto en la Tercera Entrega de Auditoría a la Cuenta Pública 2024, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existirían observaciones de carácter grave sobre el uso y destino de fondos federales ejercidos en ese periodo.

Aunque los informes individuales continúan en etapa de revisión y solventación, el caso de Agua Dulce comienza a colocarse como uno de los más delicados en la región sur de Veracruz, por el volumen del monto observado y el impacto que podría tener en la administración pública local.

Este escenario se suma a reportes previos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), que ya había detectado presuntas irregularidades financieras en Agua Dulce, incluyendo un presunto daño patrimonial superior a 34 millones de pesos, así como observaciones adicionales por aproximadamente 6 millones 494 mil pesos correspondientes al ejercicio 2024.

El caso también se enmarca en un panorama nacional preocupante, luego de que la ASF informara que en la Cuenta Pública 2024 permanecen pendientes de aclaración más de 65 mil millones de pesos en presuntas irregularidades detectadas en estados y municipios del país.

En medio de este escenario, ha surgido información extraoficial que apunta a que el ex alcalde, identificado como cercano a Morena, estaría buscando ahora una candidatura a diputación bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, lo que ha generado críticas y cuestionamientos públicos ante la magnitud del presunto desfalco.

La presión social también se dirige hacia la diputada de esa demarcación, Ingrid Calderón, de quien se espera una postura clara ante lo que ya se perfila como un posible caso monumental de saqueo institucional.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta formal del ex alcalde ni de autoridades municipales salientes. La ASF mantiene abierto el proceso para que el Ayuntamiento solvente las observaciones, aunque de no hacerlo, podrían derivarse responsabilidades administrativas, sanciones e incluso denuncias penales.

El caso de Agua Dulce se convierte así en un nuevo símbolo del colapso de la rendición de cuentas en gobiernos municipales, donde los recursos federales destinados a obras, servicios y desarrollo social terminan bajo sospecha, mientras la clase política busca reciclarse en nuevas candidaturas.

José Vargas