Irvin Uriel López Bonilla, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico “Transformaciones Jurídicas”, de la Universidad Veracruzana (UV), señaló que todavía se pueden encontrar casos en escuelas donde niñas, niños y adolescentes son discriminados por ejercer libremente su orientación o identidad de género.

Al abordar este tema, el académico de la Facultad de Derecho mencionó que la clínica desarrolla una investigación sobre la reparación integral de daños causados por violaciones de derechos humanos (DDHH) en contra de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer).

El objetivo, dijo, es mapear la obligación específica de reparar los daños que se causan por violaciones a los derechos de personas LGBTTTIQ+, entre las que se incluyen a las y los homosexuales, personas con identidades ces-normativas (cuya orientación no está definida), y las de múltiples expresiones de género.

Para ello se ocupa el método del desempaque de DDHH, herramienta metodológica en la cual se desagrega el contenido de cada derecho humano para determinar en qué medida este fue violentado.

Como pregunta de investigación, López Bonilla precisó que se planteó ¿Cuál es el estándar de reparación de los daños por violaciones de derechos humanos en contra de las personas de la diversidad sexual en la jurisprudencia que emana del sistema regional de los tratados?

Del estado que guardan estos derechos, el coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico apuntó que una primera etapa de reconocimientos de los DDHH de la población LGBTTTIQ+, parte de la labor jurisdiccional.

Es decir, a primera vista no han sido reconocidos por el Poder Legislativo, sino a través de litigios estratégicos, “algunos de ellos se han realizado en esta clínica de la Universidad Veracruzana, que ha abonado al avance en la validación de estos derechos”.

Agregó que si en México hoy se hiciera un corte de caja con respecto a los derechos de personas homosexuales, “podemos encontrar de manera efectiva el reconocimiento a la protección de la familia; acceso a la seguridad social, a la vivienda y a una adopción sin discriminación”.Refirió que cuando se habla de otras disidencias sexuales como personas trans, transgénero, transexuales y personas no binarias, se puede encontrar el derecho a la identidad autopercibida regulada y ya reconocida en la mayoría de las entidades federativas; en el caso de Veracruz, esto se dio el año pasado.

Tras mencionar que esos son algunos de los derechos de mayor referente que se han conseguido en la labor jurisdiccional dentro del marco normativo, López Bonilla añadió que se utiliza un bosquejo del marco fáctico en el que suceden los hechos violatorios, y la forma en que se reparan las vejaciones causadas.

En cuanto a los desafíos que se tienen en la materia, consideró que no son tanto normativos sino sociales, están relacionados con la efectividad de la no discriminación, “es decir, cómo ya el reconocimiento de derechos se inserta en el espacio social en el cual una persona LGBTTTQ+ incursiona; normativamente se encuentra reconocido el derecho a la no discriminación por orientación sexual”.

Para concluir, compartió que a través de la Clínica de Litigio Estratégico “Transformaciones Jurídicas” de la UV, se está dando asesoría en un tema de discriminación hacia un niño trans por acoso en una institución privada de bachillerato en el estado, por ejercer su identidad de género, acción que realiza uno de sus maestros”.

“Estas expresiones no normativas constituyen el mayor desafío que tenemos, hacer efectiva la no discriminación ya sea en el ámbito familiar, social, escolar, o en cualquiera en la que se desarrollen estas personas”, mencionó.