Alejandro García Ruiz, integrante del movimiento "Voz Magisterial", denunció que el Seguro Social de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV) enfrenta una crisis por supuestos malos manejos en la administración de la institución, con un presunto fraude que asciende a 12 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, dio a conocer que los docentes exigen la realización de un estudio actuarial que permita conocer con claridad la situación financiera del SSTEEV.

Asimismo, desmintió versiones que señalan que el Gobierno del Estado liquidará pasivos para garantizar pagos del Fondo de Beneficios Complementarios (FBC).

Según información oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en 2024 los pagos se aplicaron únicamente a las claves 80, 83 y 84 por un total de 298 millones 109 mil 268 pesos.

Por ello, recordó que persisten adeudos en créditos de electrodomésticos, "medio por ciento", préstamos y créditos de farmacias, que suman 162 millones 275 mil 562 pesos.

Los integrantes del movimiento enfatizaron que estos recursos no deben desviarse al FBC, pues pertenecen a los cotizantes y no al gobierno.

Además, rechazaron la venta de inmuebles o propiedades colectivas adquiridas con aportaciones de los trabajadores para "rescatar un fondo insostenible, sin proyección actuarial sólida y que no garantiza los beneficios prometidos".

Advirtieron que el quebranto del FBC sería "catastrófico", afectando acumuladamente a más de 70 mil trabajadores de la educación entre 2022 y 2025.

Durante la conferencia, denunciaron opacidad, negligencia y prácticas indebidas dentro del SSTEEV, especialmente en la gestión del FBC. Señalaron directamente a Tomás Daniel Hernández León, encargado del Seguro, por su incapacidad para responder a las peticiones y por "desconocer la importancia de la institución".

Finalmente, destacó que entre otras irregularidades se ha documentado acoso laboral, extorsiones para acceder a prestaciones, nepotismo, violencia de género, despilfarro de recursos, contrataciones innecesarias y un marcado desconocimiento del funcionamiento del Seguro del Magisterio.

Hylcia Trujano