Minatitlán, Ver.— La contradicción más alarmante en el discurso institucional estalló este lunes en Minatitlán. Judith “N”, titular del área jurídica del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), fue detenida por agentes ministeriales al existir en su contra una orden de aprehensión por los presuntos delitos de violencia familiar y lesiones.

El arresto ocurrió la mañana de este 14 de julio, cuando la funcionaria se disponía a ingresar al edificio donde labora. La escena —una promotora de la no violencia siendo aprehendida por ejercerla— dejó atónitos a trabajadores del Ayuntamiento y activistas que, hasta hace poco, la escuchaban hablar en foros sobre protección y empoderamiento femenino.

Judith, de 46 años, fue subida a una unidad ministerial para ser trasladada a la ciudad de Xalapa, donde un juez de control la requiere para la audiencia inicial del proceso judicial. El caso ha desatado una oleada de críticas debido a que se trata de una funcionaria cuya encomienda era defender los derechos de las mujeres y asesorar legalmente a víctimas de violencia.

Este hecho pone en entredicho los filtros éticos y profesionales del Instituto Municipal de la Mujer, así como el manejo interno de denuncias en contra de sus propias integrantes. No es la primera vez que la ahora detenida es señalada por incongruencias en su actuar: semanas atrás, su nombre estuvo en el centro de la polémica al asumir casos que no correspondían a su jurisdicción, incluso interviniendo en expedientes de otros municipios sin respaldo institucional.

Hasta el momento, la directora del IMM en Minatitlán ni la presidenta municipal, Carmen Medel Palma, han emitido posicionamiento alguno. El silencio institucional solo ha avivado la indignación ciudadana, especialmente entre colectivos feministas y organizaciones que por años han luchado por que el Instituto se mantenga libre de conflictos de interés y perfiles cuestionables.

Activistas advierten que el caso no puede ser minimizado ni tratado como un “asunto personal”. Exigen una revisión exhaustiva del personal que encabeza áreas clave del Instituto, así como protocolos más rigurosos que impidan que quienes ejercen violencia ocupen cargos desde donde deberían combatirla.

En un municipio con altos índices de agresiones contra mujeres, el escándalo no solo expone la fragilidad de las instituciones encargadas de protegerlas, sino también el riesgo de que su misión sea desvirtuada desde dentro. La justicia ahora deberá determinar la responsabilidad penal de quien, según la ley, debió ser parte de la solución y no del problema.

José Vargas