Dolores Hidalgo, Gto.- Un megaoperativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió el rescate de más de 700 jornaleros agrícolas que eran víctimas de presunta trata de personas con fines de explotación laboral, en un rancho ubicado en el municipio de Dolores Hidalgo. Las personas, en su mayoría originarias de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, fueron localizadas en condiciones de hacinamiento, insalubridad y sin la posibilidad de abandonar el lugar por sus propios medios.

La intervención judicial se realizó con base en una orden de cateo, y formó parte de una operación coordinada en la que participaron elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Policía Municipal, Protección Civil, Cruz Roja, el DIF estatal y municipal, así como personal de Bomberos, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).

Durante la diligencia también se hallaron sustancias ilícitas, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por delitos contra la salud. En el lugar fue detenida al menos una persona relacionada con este hallazgo.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los trabajadores habían sido reclutados en sus estados de origen bajo engaños o promesas de empleo digno, y posteriormente trasladados al rancho donde eran obligados a laborar en condiciones inhumanas, sin acceso a agua potable, alimentos suficientes ni atención médica. Muchos no contaban con documentos de identidad, ya que estos les fueron retirados al llegar, y se encontraban prácticamente incomunicados.

Las personas rescatadas se encuentran actualmente bajo protección de las autoridades. Se les brinda atención médica, psicológica, social y legal, con la participación activa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que activó los protocolos de acompañamiento para víctimas de trata.

En el caso de los trabajadores veracruzanos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya colabora con su homóloga guanajuatense para identificar los municipios de origen y ampliar las indagatorias en torno a las posibles redes de reclutamiento y traslado, ante la sospecha de que esta forma de explotación laboral podría estar siendo sostenida por estructuras criminales organizadas con vínculos en diversos estados.

Las autoridades no han revelado aún el nombre del rancho ni de los presuntos responsables de la operación, pero indicaron que se trata de una investigación en curso, en la que se busca determinar tanto la cadena de mando como la posible colusión o negligencia de autoridades locales que habrían permitido el funcionamiento de este esquema de esclavitud moderna “a plena vista”.

Este caso ha generado indignación a nivel nacional, al evidenciar las condiciones de precariedad y abuso a las que siguen siendo sometidos miles de trabajadores del campo, particularmente indígenas y migrantes internos, en zonas agrícolas de alto rendimiento.

La Fiscalía del Estado reiteró que no se permitirá la impunidad en este caso y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, no solo por trata de personas, sino también por delitos conexos como privación ilegal de la libertad, amenazas, y explotación infantil y laboral.

El operativo en Dolores Hidalgo podría convertirse en uno de los mayores casos de rescate masivo de víctimas de trata en la historia reciente del país, y pone sobre la mesa un tema estructural: la urgente necesidad de supervisión efectiva en los centros de trabajo agrícola, así como la revisión profunda de los mecanismos de contratación que siguen facilitando la explotación de los más vulnerables.

José Vargas