Tatahuicapan, Ver. — El reportero José Guadalupe Ramos Vargas, colaborador de diversos medios de comunicación en el sur de Veracruz, denunció públicamente haber sido amenazado, intimidado y agredido en su derecho a ejercer la labor periodística mientras cubría los recientes acontecimientos derivados por la toma de las oficinas del programa federal de Bienestar en el municipio de Tatahuicapan.

Los hechos ocurrieron el día de ayer, durante la cobertura informativa del conflicto entre ciudadanos y operadores políticos afines al poder municipal. De acuerdo con el periodista, fue abordado de manera violenta por Sixto Hernández Guillén, director de Protección Civil del Ayuntamiento, junto con allegados y elementos de la Policía Municipal, quienes lo amenazaron verbalmente, intentaron arrebatarle su celular y lo fotografiaron sin su consentimiento, advirtiéndole que “ya lo tenían ubicado” y que debía “cuidarse”.

“Lo que ocurrió fue un acto directo de intimidación a mi trabajo. No fue un accidente ni un exceso aislado, fue una amenaza”, denunció el comunicador, quien acusó públicamente a Hernández Guillén, a la Policía Municipal y al círculo cercano del alcalde como responsables de cualquier posible atentado contra su integridad o la de las personas que lo acompañan.

Pero no es la primera vez. Ramos Vargas también recordó que en meses anteriores fue agredido dentro del Palacio Municipal de Tatahuicapan, por el propio presidente municipal Eusebio González Hernández, en complicidad con elementos de la Policía Municipal, cuando cubría asuntos de interés público. Además, señaló que en días recientes ha sido blanco de hostigamientos a través de redes sociales, donde personas cercanas al presidente municipal han difundido mensajes agresivos en su contra como una forma más de presión y señalamiento.

El reportero, ampliamente reconocido en la región sur del estado por su labor informativa, colabora activamente con medios como Oliva Noticias, Alor Noticias, La Opinión de Minatitlán y Zaragoza Multimedios, entre otras plataformas locales y regionales. Su cobertura incluye temas sociales, políticos y de seguridad en municipios como Tatahuicapan, Cosoleacaque, Las Choapas y Minatitlán.

La agresión más reciente constituye una clara violación a la libertad de expresión, al derecho a la información y al libre ejercicio periodístico, derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano.

Ante la gravedad de los hechos, Ramos Vargas solicitó públicamente la intervención urgente de las autoridades estatales y federales, así como el respaldo de organizaciones defensoras de periodistas, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y Artículo 19, para garantizar su integridad física y su derecho a seguir informando sin miedo ni represalias.

Redacción