Tatahuicapan.- La elección del Comité de Administración y del Comité de Vigilancia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tatahuicapan de Juárez, al sur de Veracruz, se vio empañada este miércoles por presuntos intentos de sabotaje encabezados por funcionarios del ayuntamiento local.

Según testimonios recabados en el lugar, entre los principales operadores del intento de imposición se encontraban Sixto Hernández Guillén, director de Protección Civil, y Cornelio Bautista, secretario de Educación municipal, quienes participaron activamente en los disturbios registrados durante la asamblea comunitaria, convocada y organizada por personal del programa Bienestar.

Diversas fuentes confirmaron la presencia de personas, presuntamente pagadas, ingresando y saliendo del edificio del Ayuntamiento para favorecer a los candidatos afines al presidente municipal, Eusebio González Hernández, conocido popularmente como “Chevo González”, y a su hijo, Vladimir González Martínez, presidente municipal electo tras recibir constancia de mayoría el pasado 7 de junio por parte del OPLE de Veracruz.

El operativo de presión también involucró a integrantes del equipo que formará parte de la próxima administración municipal, lo que exacerbó el descontento entre los asistentes, quienes denunciaron una violación al principio Constitucional de autonomía indígena, sustento del proceso electoral promovido por el INPI.

Durante la asamblea se reportaron intentos de interrupción, gritos, empujones y amenazas por parte de personas vinculadas al gobierno local, en un claro intento por desestabilizar el evento. Sin embargo, gracias a la intervención de representantes del INPI, líderes comunitarios y habitantes organizados, la elección siguió su curso conforme a los usos y costumbres tradicionales.

El proceso culminó con la elección de los nuevos comités, en un acto que fue calificado por los asistentes como una victoria del pueblo organizado frente a las prácticas autoritarias del ayuntamiento.

“Intentaron comprarnos, presionarnos, dividirnos, pero no pudieron. Esta elección es nuestra, del pueblo, y no de los políticos”, declaró un delegado comunitario, visiblemente afectado por la intromisión gubernamental.

El episodio pone en evidencia el conflicto entre las estructuras institucionales y la autodeterminación indígena, un choque recurrente en varias regiones del país donde el INPI promueve modelos comunitarios de gestión.

No obstante, la población de Tatahuicapan exige respeto a sus decisiones y advierte que no permitirá más imposiciones desde el Ayuntamiento.

El capítulo será incluido en un informe que se enviará tanto a la delegación estatal y Nacional del INPI como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de impulsar medidas que aseguren la libre autodeterminación de los pueblos originarios del sur de Veracruz.

José Vargas