Moloacán, Veracruz. — La historia de Energía Ecorenovable, S.A. de C.V. es la historia de cómo el sur de Veracruz ha sido durante años tierra fértil para la operación silenciosa de proyectos energéticos ilegales. Bajo la fachada de un negocio formal, esta empresa montó literalmente una mini refinería clandestina a la sombra de permisos negados, de autoridades laxas, de incendios que advirtieron el riesgo, y de una industria ilegal del combustible que continúa desafiando al Estado mexicano.

En 2019, Energía Ecorenovable intentó obtener la autorización ambiental para instalar una planta de reciclaje de residuos peligrosos en un predio ubicado justo a un costado de la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, en el municipio de Moloacán. Pero la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) fue contundente: proyecto inviable. Los estudios del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos establecían que ese sitio representaba un alto riesgo ecológico para su tipo de operación.

La empresa recurrió entonces al silencio. La nave industrial quedó instalada, sus equipos comenzaron a llegar y los tanques fueron colocados. No obstante, oficialmente, aquella planta no tenía autorización para operar.

El 1 de abril de 2025, casi seis años después de aquel rechazo ambiental, los reflectores se volvieron a encender. Un incendio aparentemente accidental se desató dentro de las instalaciones. Dos trabajadores resultaron afectados. Sin embargo todo se manejó muy herméticamente por lo que no se dio a conocer dicho accidente solo teniendo registro que fue catalogado como accidente de trabajo.

Sin embargo, el tema volvió a enfriarse. Nadie clausuró el sitio. Ninguna autoridad federal o estatal realizó inspecciones a fondo. El predio siguió operando con aparente normalidad.

El telón volvió a levantarse en junio de 2025, cuando labores de inteligencia de campo, vuelos de reconocimiento y seguimiento satelital permitieron a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinar un megaoperativo.

Al ingresar al predio, los agentes encontraron lo que durante años había sido un rumor entre los trabajadores de la zona industrial: una mini refinería clandestina. Más de 500 mil litros de crudo, tanques adaptados, infraestructura especializada, sistemas de refinación casera de diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo ligero. Todo operando sin permiso, sin supervisión ambiental, sin normas de seguridad industrial.

La operación estaba configurada para abastecer al mercado negro de combustibles, ese que nutre al huachicol organizado en buena parte del sureste mexicano.

El subsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que el desmantelamiento de la planta fue posible tras semanas de inteligencia aérea y terrestre. A pesar de la magnitud del hallazgo, no hubo detenidos en el operativo inicial. Sin embargo, los investigadores lograron asegurar maquinaria con números de serie y distribuidores oficiales identificables, lo que abre una vía crucial para rastrear a los responsables.

La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), a través de su presidente Sergio Plata, condenó el hallazgo, advirtiendo que estas operaciones clandestinas distorsionan gravemente el mercado energético formal, dañan la salud pública y comprometen la estabilidad ecológica de toda la región.

La historia de Energía Ecorenovable encarna el modelo con el que muchas empresas fachada han operado durante años en el sur del país: solicitud inicial de permisos, negativa oficial, operación clandestina, y finalmente su descubrimiento tardío.

El riesgo no era menor: procesar residuos altamente volátiles sin controles industriales, junto a uno de los corredores energéticos más importantes de México, ponía en juego no sólo el equilibrio ecológico, sino la vida de los propios trabajadores y de las poblaciones circundantes.

Hoy, la planta se encuentra clausurada y bajo resguardo federal. Pero la investigación apenas comienza. Las autoridades buscan identificar a los socios comerciales detrás de los equipos incautados, mientras organizaciones ambientales exigen auditorías a fondo para detectar si más instalaciones similares operan en el corredor industrial de Coatzacoalcos y su periferia.

El caso de Energía Ecorenovable vuelve a encender la alarma sobre la debilidad de los sistemas de supervisión ambiental y el enorme poder económico que representa el tráfico clandestino de hidrocarburos en el México del siglo XXI.

José Vargas