Tlilapan, Ver.- La Síndica del Ayuntamiento de Tlilapan, Jovita Cortés Guzmán, fue inhabilitada por un periodo de diez años para ejercer cualquier cargo público, tras ser declarada responsable de una falta administrativa grave por el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz.

No obstante, en el Congreso del Estado aún no se aprueba su destitución efectiva, por lo que la funcionaria continúa percibiendo su salario.

La resolución, emitida por la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa, establece que la inhabilitación regirá del 3 de septiembre de 2025 al 2 de septiembre de 2035.

La sentencia, dictada el 10 de diciembre de 2024, se originó a partir del expediente PRA/01/2023/SRC-IX, el cual detalla que Cortés Guzmán se negó a entregar la firma electrónica avanzada del municipio a la Tesorería Municipal.

Esta negativa derivó en el incumplimiento de diversas obligaciones fiscales del ayuntamiento, lo que a su vez generó actualizaciones y recargos que causaron un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal.

El fallo fue notificado al Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jaime López Montalvo, quien solicitó la intervención de las comisiones legislativas de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para que calificaran las causas graves cometidas por la síndica y procedieran con su destitución.

Sin embargo, a más de un mes de la notificación, el Poder Legislativo aún no ha logrado la remoción de la funcionaria, manteniendo en suspenso la ejecución efectiva de la sanción.

Esta demora permite que Jovita Cortés Guzmán siga cobrando su salario con cargo al erario municipal, a pesar de la inhabilitación ya dictada en su contra.

La "inhabilitación por delito grave" implica que, durante una década, la síndica no podrá ocupar ningún cargo o función dentro de la administración pública, lo que hace urgente que las autoridades estatales definan su situación para evitar un mayor perjuicio al patrimonio municipal.

Juan José Enríquez