ZONGOLICA, Veracruz. Pese a su cuestionado desempeño profesional como juez de control en la sala de juicios orales en este distrito judicial, el licenciado Florencio Hernández Espinosa le concedieron la suspensión en un amparo federal para evitar que fuera removido a Huayacocotla, donde sería reubicado por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 

Y es que como resultado de una serie de irregularidades que se comenten en ese nuevo sistema de justicia penal acusatorio, representantes de organizaciones sociales demandaron al superior, revisara la actuación del citado funcionario. 

El dirigente de la Alianza Regional Indígena (ARI), Claudio Castillo Pacheco, dijo que se presumía la incompetencia del funcionario, al revisar los casos en que se ha visto involucrado, con decisiones que afectan a los agraviados, no se explica cómo es que la justicia federal le haya concedido el amparo. 

"Las decisiones irregulares del juez han tenido serias repercusiones, pues han sido muchos casos graves en que ha favorecido a los acusados". 

Citó el caso de una denuncia presentada contra el profesor sustituto Uriel Pozos Fuentes, quien fue denunciado por padres de 6 alumnas de una escuela primaria, por haber abusado de las niñas, y al cual inexplicablemente dejó en libertad". 

Otro expediente en el que estuvo involucrado el juez de control Florencio Hernández fue el del cantante de La Voz México, Gibrán Martiz Díaz, pues en 2015, dejó en libertad a 7 policías procesados, ya que para el citado funcionario sólo cometieron faltas no graves. 

Castillo Pacheco comentó que el historial de este juez demuestra que debe tener un buen padrino en el gobierno, pues de lo contrario no estarían solapando las irregularidades que ha cometido, y en el caso de Zongolica, no es la excepción. 

Concretamente se refirió a la liberación de los acusados José Mora Caballero y Oscar Herrera Ramírez quienes golpearon con machete a la comerciante Meli Vázquez González en pleno centro de Zongolica. 

Asimismo en la causa penal 9/2016, el juez de control dejó en la indefensión a Miguel Guerra Xochicale a quien le impuso como medida cautelar un otorgamiento de garantía consistente en 275 mil pesos y cuando autorizó la audiencia a efecto de otorgar esa garantía, Hernández Espinoza, no le dio crédito a la copia fotostática certificada por notario público de la cédula profesional del defensor.

EL SOL DE CÓRDOBA