Rafael Delgado, Ver.- Más de 80 familias que dependen directa e indirectamente de la empresa camionera Sociedad Cooperativa de Autotransportes Dos Río-Sumidero se han visto afectadas por los operativos que realiza la Dirección de Transporte Público en el Estado.

Debido a ello, un grupo de trabajadores de esta línea camionera demandó que se acabe con esta situación que se ha tornado agresivo a la economía de estas personas y sus familias, pues las unidades no han podido circular desde hace tres meses por sus rutas.

Los afectados confían que las autoridades estatales entrantes pongan orden y garanticen el derecho al libre trabajo.

Asimismo revelaron que denunciarán penalmente al titular de la Dirección de Transporte y exigirán el pago de daños y perjuicios, mismo que ascienden a más de dos millones de pesos, al no dejarlos trabajar y tener sus unidades paradas.

“El exhorto es al gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, al Congreso del Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pedimos su inmediata intervención necesaria y justa por el abuso de autoridad que hemos sido objeto, ante la represión y violación a los derechos fundamentales de los trabajadores de la Sociedad Cooperativa de Autotransportes Dos Ríos-Sumidero, por los tres meses que llevamos sin laborar y sin percibir ingresos, por lo que nos vemos orillados a denunciar públicamente la corrupción de parte del Director de Transporte Público Rafael Eugenio Escobar Torres, así como al delegado Sergio Eliseo Soberano dado que han incurrido en incumplimiento de un deber legal, al permitir que otras líneas camioneras, sin empadronamiento, sin placas, sin permiso alguno, continúen circulando en la región”.

En entrevista, el asesor de la empresa, Gerson Saúl Sánchez Méndez, puntualizó que el Director de Transporte Público Rafael Eugenio Escobar Torres, así como el Delegado de Transporte en la Regional 3 de la ciudad de Orizaba, Sergio Eliseo Soberano, han incurrido en tráfico de influencias, al permitir que otras líneas camioneras puedan circular con toda impunidad, despojándolos de sus rutas y circuitos de forma arbitraria, prepotente e injusta, vulnerando los derechos humanos y los derechos fundamentales al trabajo que son de los trabajadores de la Sociedad Cooperativa.

“Exigimos al Gobernador, como al Congreso del Estado, se derogue el decreto arbitrario que atenta contra el impulso del trabajo y la estabilidad social de cada una de las familias de los trabajadores, nosotros no somos los únicos afectados, sino hay 120 mil trabajadores en todo el estado a quienes no se les está permitiendo trabajar y circular, son más de 120 mil trabajadores que no se nos permitió el empadronamiento”.

Manifestó que son 20 unidades de la cooperativa que dejaron de prestar el servicio desde hace tres meses por la prepotencia de estos funcionarios, “son más de 80 familias directa e indirectamente las afectadas, esto es un atentado contra los derechos humanos de los trabajadores, ellos sí tienen que comer, pero nosotros no, llevamos tres meses sin poder trabajar, esta es una injusticia social que haremos llegar a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador”.

Juan José Enríquez