Orizaba, Ver.- La prolongación de los procesos judiciales y el abuso de la prisión preventiva están provocando graves afectaciones a personas que ni siquiera han sido sentenciadas, advirtió el abogado Israel Calva Corro, quien señaló que la falta de una justicia pronta vulnera derechos fundamentales y puede destruir la vida de los imputados y sus familias.

Explicó que la Constitución Mexicana establece plazos específicos para resolver los procesos penales. Indicó que cuando se trata de delitos cuya sanción no supera los dos años de prisión, el procedimiento debe concluir en un máximo de cuatro meses, mientras que en los delitos de mayor gravedad la sentencia debe emitirse en un plazo no mayor a un año.

Sin embargo, afirmó que los retrasos generados por los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público o incluso las asesorías jurídicas prolongan indebidamente los procedimientos, lo que ocasiona que personas sujetas a prisión preventiva permanezcan encarceladas durante años sin una resolución definitiva.

Como ejemplo, mencionó el caso García Rodríguez contra México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una persona permaneció privada de la libertad durante 17 años sin recibir sentencia, situación que, dijo, evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia.

Calva Corro recordó que toda persona investigada goza del principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme, por lo que consideró inaceptable que quienes enfrentan prisión preventiva sean recluidos en los mismos centros penitenciarios que personas ya sentenciadas, bajo condiciones que calificó como indignas.

El litigante sostuvo que, cuando un acusado finalmente obtiene una sentencia absolutoria, el tiempo perdido resulta irreparable, pues muchas personas pierden su patrimonio, su empleo, la convivencia con sus hijos e incluso su estabilidad emocional.

Finalmente, aseguró que esta problemática no es exclusiva de Veracruz, sino que se presenta en todo el país, por lo que llamó a revisar el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar procesos ágiles, respeto a los derechos humanos y una verdadera aplicación del principio de presunción de inocencia.

Juan José Enríquez