Orizaba, Ver.- Una denuncia anónima atribuida a abogados del distrito judicial de Orizaba exhibió una serie de señalamientos sobre presuntas prácticas de nepotismo, tráfico de influencias y posibles actos de corrupción al interior del Poder Judicial del Estado, en donde familiares de la ex jueza y magistrada Martha Ramírez Trejo habrían consolidado una estructura que, según los denunciantes, les permitió mantenerse durante décadas en la región y ascender dentro del sistema sin enfrentar los cambios de adscripción habituales para otros funcionarios.

De acuerdo con el documento, entre las personas señaladas se encuentra Raúl Ramírez Trejo, hermano de la ex juzgadora, quien actualmente se desempeña como actuario municipal de San Andrés Tenejapan y anteriormente fungió como juez municipal en Tlilapan y Mariano Escobedo.

También se menciona a Consuelo Yadira García Rosete, identificada como cuñada de Martha Ramírez Trejo, quien acumularía más de 26 años de servicio continuo dentro del distrito judicial de Orizaba y actualmente labora en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Justicia Familiar.

La denuncia igualmente hace referencia a Graciela Ramírez Trejo, hermana de la ex funcionaria, quien habría iniciado como oficial administrativo y, tras diversas reasignaciones, regresó recientemente a la Ciudad Judicial de Orizaba para desempeñarse en labores de vigilancia y control de acceso, con una trayectoria superior a los 25 años dentro de la estructura judicial.

Sin embargo, los señalamientos más delicados recaen sobre Gabriela Córdoba Ramírez, sobrina de Martha Ramírez Trejo, a quien los denunciantes atribuyen una carrera ascendente dentro de los juzgados familiares de Orizaba, en donde habría ocupado diversos cargos durante más de 22 años sin abandonar el distrito judicial, hasta desempeñarse como secretaria proyectista.

Según el escrito, abogados litigantes sostienen que Gabriela Córdoba Ramírez no sólo desarrollaría actividades comerciales relacionadas con la venta de velas aromáticas dentro de las instalaciones judiciales, sino que existirían presuntos cobros indebidos y solicitudes de dinero para agilizar procedimientos o influir en la emisión de resoluciones favorables, acusaciones que, de comprobarse, constituirían conductas graves que comprometerían la impartición de justicia.

Los promoventes de la denuncia aseguraron haber decidido mantener en reserva sus identidades y las barras de abogados a las que pertenecen por temor a represalias, debido a que varios de ellos mantienen asuntos familiares en trámite ante los juzgados señalados.

Incluso, sostienen que la funcionaria señalada tendría influencia sobre jueces que llegan a esa instancia, situación que, afirman, habría derivado en procedimientos administrativos contra algunos impartidores de justicia mientras ella permanece al margen de cualquier investigación.

Más allá de los nombres involucrados, el caso vuelve a colocar en el debate público un tema que durante años ha perseguido al Poder Judicial en distintas entidades del país: la presencia de grupos familiares enquistados en las instituciones y la percepción ciudadana de que los cargos y ascensos responden más a relaciones personales que a principios de mérito, imparcialidad y transparencia.

Hasta el momento no existe una postura oficial del Poder Judicial del Estado de Veracruz respecto a los señalamientos contenidos en la denuncia.

No obstante, la ausencia de una respuesta pública o de investigaciones visibles sólo contribuye a profundizar la desconfianza ciudadana en una institución que, por definición, está obligada a garantizar la legalidad y mantenerse por encima de cualquier sospecha.

Juan José Enríquez