Orizaba, Ver.- La disputa legal y ambiental en torno a la zona conocida como “El Chirimoyo” dio un giro luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concluyera que el sitio no es un humedal natural, sino un vaso regulador artificial creado para prevenir inundaciones en la zona norte de Orizaba.

La determinación quedó asentada dentro del juicio de amparo 193/2026, promovido por activistas que denunciaban presuntas afectaciones ecológicas derivadas de trabajos de limpieza y desazolve realizados en el área.

En el informe entregado al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Córdoba, la representación de Profepa en Veracruz expuso que la infraestructura fue construida en 2011 con el objetivo de captar y controlar escurrimientos pluviales, principalmente para proteger al fraccionamiento San José y colonias cercanas durante las lluvias intensas.

La dependencia federal sostuvo que el lugar no cumple con las condiciones técnicas y ambientales necesarias para ser catalogado como humedal natural, ya que carece de ecosistemas híbridos entre zonas terrestres y acuáticas, además de no presentar suelos permanentemente saturados de agua.

Profepa añadió que la laguna artificial tampoco forma parte de una zona federal acuática ni mantiene conexión con cuerpos marinos, por lo que las labores de mantenimiento y limpieza recaen en autoridades municipales y estatales.

Con ello, la procuraduría descartó la posibilidad de aplicar clausuras o medidas de seguridad federales por las intervenciones realizadas en el sitio y negó haber incurrido en violaciones contra los promoventes del amparo.

La postura oficial fortalece la posibilidad de que el recurso legal sea desechado, al considerar que “El Chirimoyo” corresponde a una obra hidráulica de protección urbana y no a un ecosistema natural sujeto a protección ambiental especial.

El caso generó polémica en semanas recientes luego de que colectivos ambientalistas acusaran afectaciones a fauna silvestre y daños a un supuesto humedal, señalamientos que ahora fueron rechazados por la autoridad ambiental federal.

Juan José Enríquez