
Orizaba, Ver.- Integrantes de la colectiva feminista Marea Verde Altas Montañas manifestaron su "profunda preocupación" por el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Municipal de Orizaba, calificándolo como una designación que genera "alarma social" y pone en entredicho el compromiso de las autoridades con los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
En un pronunciamiento público, la colectiva señaló que el nombramiento ocurre en un contexto "preocupante", pues se ha señalado públicamente que el funcionario habría sido procesado por presuntos delitos graves, como desaparición forzada, acoso sexual, tortura, lesiones y abuso de autoridad, durante su desempeño previo en cargos de seguridad pública.
Frente a estas acusaciones, el alcalde Hugo Chahín Kuri ha afirmado que Álvarez Valenzuela fue "absuelto".
Sin embargo, la colectiva subrayó que no existe documentación pública que acredite dicha resolución judicial, lo que aseguran, incrementa la incertidumbre y la desconfianza social.
Marea Verde recordó que este no es un hecho aislado: en administraciones anteriores, el municipio ya designó a mandos policiales con antecedentes de señalamientos por desaparición forzada, situación que en su momento fue denunciada por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos como una "grave omisión institucional".
Para la colectiva, la reiteración de estas prácticas "evidencia una normalización de la violencia y un desprecio por la memoria de las víctimas".
Advirtieron, además, que la decisión impacta directamente en la percepción y las condiciones reales de seguridad en Orizaba, especialmente en lo referente a la protección de niñas, adolescentes y mujeres, quienes enfrentan violencias estructurales y sistemáticas, "muchas de ellas perpetradas o toleradas por autoridades que deberían garantizar su integridad".
Finalmente, recordaron que tanto la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los mandos policiales deben cumplir con criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.
"Nombrar a personas con antecedentes de violencia y abusos concluyeron, no sólo contraviene el marco legal, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres no son una prioridad para las autoridades".
Juan José Enríquez