Orizaba, Ver.- El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez lamentó que la mayoría de los diputados locales al Congreso del Estado sea utilizada para doblegarse ante una agenda impuesta a los legisladores en las que se les impide la acción y razonamiento particulares, que se imponen aún sobre la lógica jurídica y el bien común para el cual fueron elegidos confiadamente por los ciudadanos.

Manifestó que el haber aprobado la legalización del aborto hasta las 12 semanas, es un atentando contra un derecho protegido por la Constitución local, federal y el orden jurídico internacional al que está supeditada la Constitución como lo afirma la Reforma a los Derechos Humanos del 2011.

Y es que este martes 20 julio, fue aprobada en la legislatura local con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, la iniciativa que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo 152 del Código Penal para el Estado de Veracruz para permitir abortar hasta las 12 semanas.

El sacerdote dijo que es sorprendente ver la rapidez con la que fue promovida la reforma, cuando hay otras reformas más urgentes y necesarias que han sido olvidadas por las mismas comisiones, como las que se refieren a salud y seguridad, temas en crisis en el estado.

“Es preocupante, señalar que la sesión haya cerrado las puertas y oídos a agrupaciones que pretendían exponer algunos puntos de vista desde las ciencias jurídicas, médicas y sicológicas necesarias a considerarse en temas como los que las reformas tratan”.

Señaló que un gobierno democrático debe escuchar a todos los ciudadanos y no tener oído selectivo.

Los legisladores “tienen la obligación ética de escuchar el clamor de la población que los eligió y atender sus verdaderas y urgentes necesidades”.

Precisó que el estado ha sido creado para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, no para menoscabarlos ignorando las leyes supremas, la razón y el bien común.

Manifestó que la defensa de la vida debe ser prioridad en un verdadero estado de derecho. “Esperamos que, en estricto apego a la ley y a la razón, el señor gobernador del estado, medite y profundice sobre las implicaciones que esta decisión legislativa pudiera generar en nuestras comunidades. Como iglesia sabemos que no son dogmas los que debemos imponer en un estado laico, pero también estamos seguros que los argumentos jurídicos, científicos y sociales, libres de ideologías y apegados a la razón, demuestran la necesidad de proteger el valor y derecho fundamental de la vida desde la fecundación hasta la muerte natural”.

Dejó en claro que la dignidad de la mujer y el respeto a su integridad no deben estar en contraposición a su derecho a la vida antes de nacer.

“La iglesia aplaude las iniciativas que buscan promover la protección de las mujeres pero también busca prevenir lo que atente contra el ser humano que no se puede defender. La iglesia ha promovido diversas iniciativas y grupos que apoyan a las mujeres en situaciones difíciles, antes, durante y después del parto. No se les deja solas, incluso aunque no quieran al bebé ya nacido. Por eso creemos que hay soluciones alternativas para evitar la muerte de seres humanos inocentes. Como Diócesis oramos y trabajamos a favor de la vida convencidos de que si queremos la paz es defendiendo la vida como se conseguirá, no vulnerándola”.

Juan José Enríquez