Orizaba, Ver.- El caso del pleito de la sustracción de una menor de edad que provocó la mamá, de nombre Edith García Zopiyactle, y que fue denunciada por Isaí Guerra Fuentes, se ha politizado, debido a que la ex alcaldesa de Zongolica, Irma Lidia Mezhua Campos ha emprendido una campaña de desprestigio y linchamiento social en agravio del varón.

Debido a ello, su abogada defensora, la presidenta del Foro de Abogados de Zongolica, Andrea Cervantes Reducindo, analiza interponer una demanda civil por daño moral y económico, pues desde que el caso se hizo público, el papá de la pequeña ha sufrido ataques en redes sociales y hasta amenazas, pero además las ventas en su negocio se vinieron abajo por el desprestigio ocasionado.

La abogada, señaló que la ex alcaldesa de Zongolica, Lidia Irma Mezhua Campos, encabeza un movimiento de linchamiento hacia el padre de la menor que sufrió el abandono de su progenitora y que ésta haya mentido a las autoridades judiciales pero sobre todo que juegue con el sistema al negarse a presentarse a declarar a pesar de tener en su beneficio amparos, tanto de un juez federal y estatal.

“Se tiene que concluir que hay intervención en esta movilización de la profesora Lidia Irma Mezhua Campos pues porque estuvo en el evento durante la audiencia intermedia, ahí está en las placas fotográficas, están los vídeos públicos, está ella con su hija y económicamente quién podría solventar esa movilización, donde se dio desayuno, merienda y comida a los asistentes”.

Para la audiencia de juicio, de la cual aún no hay fecha, se solicitará se resguarde la Sala de Juicios Orales para proteger la integridad del hombre y se tenga el apoyo de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal, pues en la audiencia intermedia fue agredido, lo insultaron y los manifestantes que lideró Lidia Irma Mezhua Campos pretendían golpearlo.

“La gente perdió control, se está dejando llevar por “el que me violó”, mucho cuidado, siento que debemos tener respeto por la gente, no se le puede utilizar de esa manera, no ante una declaración falsa y sin antecedentes. Si yo como abogada supiera de origen que sí ha habido violencia familiar o una violación, presento certificado médico, pero este no existe y no puede decir que no le han hecho justicia. Esta es una situación de una pareja que no supo ser pareja, pero que tampoco están sabiendo ser padres y ahora tienen que enfrentar la realidad con responsabilidad”.

La abogada invitó a los interesados a conocer realmente el caso y si pretenden saber de él, facilitará la información a fin de tener las dos partes y solicitará que se lleve a cabo la audiencia de juicio de manera pública para que realmente desenmascaren la verdad.

Expuso, -con documentos en mano que obran en poder de la redacción-, que la señora Edith García se duele en no tener justicia por parte de los jueces, cuando en todo momento se le concedieron amparos y la acusada, hizo caso omiso a las recomendaciones de los magistrados.

Asimismo la jurista reveló que cuando fue detenida, ella manifestó ante el Juez Mixto que su domicilio era en Orizaba, pero cuando solicitó su libertad, acredita que su residencia es en Zongolica y esa contradicción fue la que orilló al Juez a no tener confianza de darle el beneficio de seguir el proceso en libertad y firmar 8 o cada 15 días, pues no logró acreditar fehacientemente su arraigo domiciliario y por ende fue detenida 15 días.

La abogada defensora dejó en claro que su cliente no tiene la mínima intención de mantener un proceso penal en contra de la mamá de su hija, “pero es necesario que la ciudadanía sepa que el delito de sustracción y retención de menores no es un delito grave, por lo que tampoco es un delito con el que se vaya a quedar en la cárcel definitivamente”.

Explicó que en caso de conceder que fuera sentenciada, la acusada podría conmutar el castigo y cambiar ese cumplimiento en la cárcel por una cantidad que estipule el Juez o incluso por un servicio social o por una firma periódica.

“Es necesario hacérselo saber a la ciudadanía, porque hacen ver al señor Isaí como el malo, y que pretende meterla y hundirla en la cárcel, pero no es un delito grave y sobre todo porque es la mamá de su hija. El pecado que cometió ella, fue haberlo alejado de su papá, ese fue el pecado porque el hecho de que la menor debe estar con su papá y con su mamá”.

Asimismo señaló que la mujer en ningún momento lo denunció por violencia física, debido a que en sus declaraciones expuso que jamás había sido maltrata por su ex pareja; lo único que demandó fue el pago de alimentos por una cantidad de 8 mil pesos, y que el juez determinó que era improcedente y que los mismos abogados de la acusada, confirmaron y terminaron por aceptar que sería lo que corresponde a un salario mínimo que se tendría que depositar mensualmente.

Ante todo esto, el padre de la pequeña, solicitará la guarda custodia de la menor y dependerá de él si procede a presentar una demanda civil por daño moral, ante el linchamiento público del que ha sido objeto.

Juan José Enríquez