
Combatir la corrupción siempre es una buena bandera política. El problema comienza cuando esa bandera se convierte en argumento para concentrar facultades, y la discusión deja de ser cómo vigilar al poder para convertirse en quién tendrá el control de esa vigilancia.
El tema vuelve al centro de la agenda nacional. En el Senado fue recibido un paquete de propuestas que contempla cambios constitucionales, y modificaciones a 19 ordenamientos legales.
Entre sus planteamientos están fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, crear un nuevo esquema de fiscalización, y otorgar autonomía a la Fiscalía especializada. También se abrió el debate sobre el fuero y la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios.
La intención, en el papel, es ambiciosa: mejorar las auditorías, investigar con mayor eficacia, recuperar recursos desviados, y evitar que los expedientes duerman durante años sin consecuencias.
Pero hay una pregunta que no debería quedar fuera de la discusión: ¿quién garantizará que esas nuevas facultades se ejerzan con independencia?
Porque México no tiene solamente un problema de leyes insuficientes. También arrastra una larga historia de instituciones debilitadas, investigaciones selectivas y responsabilidades que, dependiendo del personaje involucrado, parecen avanzar a distintas velocidades.
Y ahí está el verdadero desafío. No basta con anunciar nuevas estructuras, modificar reglamentos, o ampliar las atribuciones de las fiscalías. La reforma tendrá que demostrar que puede alcanzar a cualquier servidor público, sin importar su partido, su cargo o su cercanía con el poder.
El paquete apenas inicia una etapa de revisión y diálogo; todavía no representa reformas aprobadas ni un nuevo sistema en funcionamiento.
Es justamente ahora cuando debe discutirse con seriedad, con participación de especialistas y organizaciones civiles, y sin convertirlo en una decisión tomada desde la comodidad de la mayoría legislativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado el combate a la corrupción entre las prioridades de su gobierno. Es una causa necesaria y difícilmente alguien podría oponerse a ella. Pero la credibilidad de esa apuesta no se medirá por el número de leyes modificadas, ni por la contundencia de los discursos.
Se medirá por los resultados y, sobre todo, por la posibilidad de investigar también a los propios.
Combatir la corrupción del adversario puede ser políticamente rentable. La verdadera prueba comienza cuando la investigación toca la puerta de casa.
México no necesita solamente más instituciones para perseguir la corrupción. Necesita instituciones capaces de incomodar al poder, incluso cuando el poder está en casa.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
Por Alejandro Aguirre Guerrero
X: @aaguirre_g