La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral no elimina las preguntas sobre sus relaciones con proveedores. Pero tampoco convierte automáticamente en irregular a toda institución electoral donde esas empresas hayan trabajado.

En medio de la controversia, Veracruz tiene algo que aportar: fechas, contratos y una respuesta institucional que obliga a poner los señalamientos en perspectiva.

El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE y de organismos electorales locales. Entre las hipótesis que busca esclarecer están los posibles conflictos de interés, la simulación de competencia y la triangulación de recursos entre proveedores.

En las versiones periodísticas que dieron origen a la polémica aparecen empresas como Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La cercanía personal que se atribuye a José Alfredo Hernández Casillas con Taddei también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de las contrataciones.

Pero una investigación abierta no equivale a una responsabilidad acreditada. Y los antecedentes de cada organismo deben examinarse por separado.

El OPLE Veracruz salió a precisar su posición: aseguró que, desde 2023, las empresas señaladas no han ganado licitaciones ni recibido adjudicaciones directas del organismo.

De acuerdo con la información y los contratos que refiere el instituto, Cajas Graf obtuvo en 2018 un contrato por 141.7 millones de pesos para documentación y material electoral, mientras que Corporativo Zeg recibió en 2022 una adjudicación por 134 mil 903 pesos. Ambos antecedentes corresponden a procesos anteriores a la llegada de la actual Secretaría Ejecutiva.

El OPLE añade que, entre 2023 y 2026, las licitaciones para adquirir documentación y material electoral fueron ganadas por Litho Formas, empresa que suministró insumos para las elecciones locales de 2025 y la extraordinaria de Tamiahua en 2026.

Hay otro señalamiento que requiere precisión. En redes sociales se ha afirmado que Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del OPLE, habría sido apoderado de Cajas Graf. El organismo sostiene que no se ha acreditado un conflicto de interés y advierte que la información difundida no precisa la fecha, vigencia ni alcance de ese supuesto poder notarial.

Ese punto merece aclaración documental. La existencia de una relación profesional previa, si se acredita, no demuestra por sí sola que haya existido una intervención indebida en contrataciones posteriores. Para establecerlo habría que conocer las facultades conferidas, las fechas y la participación que hubiera tenido el funcionario en los procedimientos de adquisición.

La respuesta del OPLE no sustituye una auditoría ni resuelve por sí misma todas las preguntas que pudiera plantear la investigación federal. Sí aporta un dato relevante: según el organismo, las empresas cuestionadas no recibieron contratos durante la actual administración.

Ahora corresponde que las autoridades investigadoras determinen si hubo irregularidades en los procesos que revisan, sin generalizar sospechas ni anticipar conclusiones.

La transparencia exige investigar cuando existen indicios, pero también distinguir entre un contrato antiguo, una relación personal y una adjudicación irregular. Confundir esas categorías puede dañar la confianza pública tanto como dejar sin esclarecer una posible anomalía.

La salida de Taddei no debe cerrar la investigación, pero las sospechas tampoco deben convertirse en sentencia. En Veracruz, como en cualquier entidad, la respuesta debe estar en los documentos, los procedimientos y los hechos comprobables.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre. 

Por: Alejandro Aguirre Guerrero

X: @aaguirre_g