Una cárcel puede tener espacio disponible y, aun así, perder el control.

Lo ocurrido en el penal de El Castillo, en Mazatlán, ilustra esa contradicción. De acuerdo con reportes periodísticos, el centro tenía menos internos que su capacidad oficial cuando se registraron episodios de violencia que dejaron al menos 12 muertos.

El problema, por tanto, no puede explicarse solamente por el hacinamiento.

El Gobierno anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. La medida puede ayudar a reducir la presión sobre un sistema que, de acuerdo con las cifras disponibles a agosto, tenía más de 45 mil internos por encima de su capacidad.

Pero construir más espacios no resuelve automáticamente lo que ocurre dentro de ellos.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, identificó deficiencias en la clasificación de las personas internas, insuficiencia de personal de custodia y problemas de salud, además de situaciones de autogobierno en centros penitenciarios.

Es decir, el desafío no consiste únicamente en alojar a más personas, sino en garantizar que la autoridad siga siendo del Estado.

Una prisión necesita instalaciones adecuadas, pero también custodios suficientes, protocolos eficaces, vigilancia, servicios médicos y condiciones que permitan una reinserción social real.

Cuando esas piezas fallan, los muros pueden seguir en pie mientras la autoridad se debilita.

Y ése es el punto que merece atención.

Ampliar la capacidad penitenciaria puede ser necesario. Lo que no debería ocurrir es que la inversión en nuevas instalaciones termine sustituyendo la discusión sobre cómo se administran, quién las controla, y qué sucede con las redes criminales que pueden operar desde su interior.

Porque una cárcel no cumple su función simplemente porque tenga celdas ocupadas y puertas cerradas.

La cumple cuando el Estado conserva el control, protege la integridad de quienes están dentro, y evita que la prisión se convierta en otra extensión del delito.

Por eso no podemos minimizar el anuncio de seis nuevos penales en el país para albergar a más de 18 mil personas. Y aunque más espacio no soluciona el problema en lo absoluto, con una estrategia bien pensada se puede avanzar en una mejor dirección. 

Construir una cárcel es levantar muros. Gobernarla es otra cosa.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.

Por: Alejandro Aguirre Guerrero

X: @aaguirre_g