Antes de preguntarnos qué hará el INE con los candidatos, quizá debamos preguntarnos qué hicieron los partidos antes de postularlos.

En Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro ganó la presidencia municipal en 2024. Dos años después fue detenido y vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado. La FGR sostiene que su campaña fue financiada por el CJNG, y que existían vínculos con esa organización desde antes de que llegara al ayuntamiento.

Lo verdaderamente incómodo, sin embargo, no ocurrió el día de su detención. Ocurrió antes: cuando alguien decidió que era buen perfil para estar en una boleta.

El caso de Apulco, Zacatecas, ofrece una referencia que conviene no perder de vista. Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz llegó a la presidencia municipal en 2024 como candidato de Movimiento Ciudadano. Meses después, el Congreso local le retiró la inmunidad procesal para que enfrentara un proceso penal. El caso derivó posteriormente en una orden de aprehensión.

No se trata de afirmar que el partido conocía entonces lo que ocurriría después, ni de convertir una acusación en una sentencia. Se trata de algo más sencillo: preguntarnos cuánto puede saber un partido sobre la persona a la que está poniendo en una boleta.

Esa pregunta adquiere otra dimensión rumbo al 2027.

La Suprema Corte avaló el nuevo mecanismo de verificación de integridad en candidaturas del INE, diseñado para detectar posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos.

Pero hay un detalle fundamental: el INE no investigará candidatos ni decidirá quién puede o no competir. Será un intermediario.

Los partidos podrán solicitar la revisión de sus aspirantes (y las autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y análisis financiero aportar información). Si aparece un riesgo razonable, el resultado será comunicado de manera confidencial.

Y entonces ocurrirá lo verdaderamente importante: la decisión seguirá siendo del partido.

Ahí está el punto que quizá merece más atención.

Durante años, cuando un candidato cuestionado llegaba a una boleta, la responsabilidad podía diluirse entre el partido postulante, la autoridad electoral que registró la candidatura y, después, el electorado que votó por él.

El nuevo mecanismo no elimina esa responsabilidad. La hace más visible.

Porque el INE podrá tocar la puerta y decir: aquí hay un riesgo que conviene conocer. Pero no podrá decidir por el partido.

Y si un instituto político decide postular a una persona después de haber recibido información que advierte sobre un riesgo, la discusión será distinta.

Ya no será solamente quién sabía. Será quién decidió.

Ese puede ser el verdadero valor de este nuevo filtro:

No impedir que todos los candidatos cuestionables lleguen a una boleta —ningún mecanismo puede garantizarlo—, sino hacer más difícil que, después de una elección, todos puedan decir que nadie vio nada.

Porque antes de que el ciudadano marque una boleta, hay alguien que tuvo que poner un nombre en ella.

Y esa decisión también debería tener responsables. ¿O no?

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre. 

Por Alejandro Aguirre Guerrero

X: @aaguirre_g