Hay una cifra que llama la atención: 400 por ciento.

Es el incremento que la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reportó en el número de cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La explicación es sencilla: más cateos significan más operativos, más movilidad, más gasolina, más indicios que procesar y más trabajo para el personal pericial.

Y también significa más presupuesto.

El Congreso de Veracruz acaba de autorizar una ampliación de 100 millones de pesos para la Fiscalía.

No es una cantidad menor.

La FGE tenía para este año un presupuesto autorizado de alrededor de mil 981 millones de pesos, de modo que la ampliación representa aproximadamente cinco por ciento adicional. Los recursos fueron autorizados para fortalecer las funciones de procuración de justicia, y atención a quienes presentan denuncias y querellas.

La propia fiscal ha explicado que el aumento de los cateos implica mayores necesidades operativas y que, parte de los recursos, permitirá continuar con estas acciones, además de capacitar al personal. 

Hasta ahí, el argumento suena razonable, pero precisamente por eso aparece una pregunta inevitable:

¿Cómo vamos a medir los resultados de esos 100 millones?

Porque si aumentan los recursos, también debería poder medirse qué producen.

¿Cuántos cateos adicionales se realizarán?

¿Cuántas armas serán aseguradas?

¿Cuántas personas serán detenidas?

¿Cuántas de esas detenciones terminarán en vinculaciones a proceso?

¿Cuántas carpetas avanzarán?

¿Cuánto tiempo tardarán las investigaciones?

¿Cuántos casos llegarán ante un juez?

El número de cateos, por sí solo, tampoco puede convertirse en la medida del éxito.

Un cateo es una herramienta de investigación.

Lo importante es qué ocurre después. Y aquí está el verdadero reto para la Fiscalía. No se trata solamente de hacer más. 

Porque también hay otra obligación que no puede separarse de cualquier incremento en la actividad de una autoridad: hacer las cosas conforme a la ley.

En los últimos días han surgido señalamientos de ciudadanos que acusan a agentes ministeriales de abusos durante cateos; se trata de denuncias que deberán ser investigadas y cuya responsabilidad no puede darse por acreditada solamente a partir de los testimonios publicados.

Precisamente por eso, mientras mayor sea la actividad de la Fiscalía, mayor debe ser también el cuidado en la legalidad de sus actuaciones.

Más cateos. Más investigación.

Más resultados. Pero también más transparencia sobre lo que ocurre después de cada operativo.

Los 100 millones ya están autorizados. Ahora viene la parte verdaderamente importante: demostrar que cada peso adicional se convierte en mayor capacidad para investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a quien resulte responsable.

Porque un presupuesto mayor puede permitir hacer más.

Pero sólo los resultados pueden demostrar que sirvió para hacerlo mejor.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre. 

Por Alejandro Aguirre Guerrero

X: @aaguirre_g