Hay nombramientos que importan por el cargo que entregan y otros por el poder que pueden ejercer desde él. La próxima titularidad del ORFIS pertenece, sin duda, a la segunda categoría.

Quien llegue tendrá siete años para revisar el uso de los recursos públicos en Veracruz, incluyendo las cuentas de gobiernos que todavía ni siquiera han comenzado. No es un nombramiento administrativo: es una decisión política con consecuencias administrativas.

Desde julio de han mencionando varios perfiles: Bárbara Galindo, Cecilia Coronel, Eric Domínguez Vázquez, Aurelio Rivera, Iveth Martínez, Felipe de Jesús Marín, Cynthia Reyes Díaz Muñoz, Luciano Cervantes, Leslie Garibo y los que se sumen. 

El Congreso ya abrió el proceso. Los registros concluyen el 28 de agosto; después vendrán entrevistas, una terna y finalmente la votación del Pleno. Todo deberá resolverse en septiembre.

Y aquí aparece el primer asunto que vale la pena mirar con atención. Antes de abrirse la convocatoria, el Congreso modificó los requisitos para el cargo y amplió los perfiles profesionales que pueden competir, por ejemplo, se eliminaron la exigencia de nacer en Veracruz y la residencia mínima. 

Abrir la puerta para que participen más perfiles puede ser una buena decisión. Pero toda apertura aumenta también la responsabilidad de elegir bien. Porque una cosa es poder participar y otra, muy distinta, tener condiciones para encabezar un organismo cuya principal virtud debería ser la independencia.

Y aquí está el verdadero dilema: el Congreso debe elegir al auditor, pero el auditor tendrá que auditar también a quienes participan en su elección. No hay contradicción jurídica en ello; así está diseñado el sistema. La contradicción aparecería si quien llega sintiera que tiene compromisos que agradecer antes de cumplir con su responsabilidad. 

Por eso sería un error reducir esta sucesión a una carrera de nombres, grupos y pronósticos. Veracruz no necesita necesariamente al candidato más conocido, al más cercano ni al que llegue con más padrinos. Necesita al que pueda revisar una cuenta pública, y sostener sus conclusiones audite a quien audite.

Porque el ORFIS no está para ser adversario del gobierno, pero tampoco para ser su aliado. Está para revisar que el dinero público se ejerza correctamente.

Así que quizá la pregunta más importante de toda esta sucesión no sea quién tiene más posibilidades de quedarse con el cargo, sino algo mucho más sencillo: ¿quién podrá decirle que no al poder sin tener que recordar primero quién lo puso ahí?

Y a reserva que ocurra algo extraordinario (lo cual también puede pasar), el ORFIS será comandado por un (o una) especialista de otro estado del país.

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre. 

Por Alejandro Aguirre Guerrero

X: @aaguirre_g