En México se está matando menos. Y eso, por supuesto, es una buena noticia. Pero cuidado: que tengamos menos homicidios no significa, necesariamente, que los mexicanos vivamos en un país menos violento.

La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando presume la caída de los homicidios. Sería reprobable desconocer un dato que, por sí mismo, representa vidas que no se perdieron. El problema aparece cuando desde Palacio Nacional se pretende que esa cifra explique mucho de lo que ocurre con la seguridad.

Porque el crimen organizado no solamente mata, también cobra, amenaza, desplaza, controla y decide. Hay comunidades donde quizá se disparan menos balas, pero donde los delincuentes siguen determinando quién trabaja, cuánto paga, qué vende y hasta quién puede transitar.

Y ahí está el verdadero desafío para la estrategia de seguridad: saber si estamos ante una disminución de la violencia o ante una transformación de la misma. Porque si un grupo criminal deja de asesinar, pero conserva el control de un territorio, de una actividad económica o de una comunidad, difícilmente puede hablarse de una victoria completa.

El Gobierno federal tendrá que demostrar algo más que una curva descendente. Tendrá que conseguir que esa disminución llegue a la calle, al comercio, al campo, a las carreteras y a las comunidades. Que el ciudadano deje de pagar para vivir tranquilo. Que deje de mirar hacia atrás cuando escucha una motocicleta. Que vuelva a sentirse dueño de su territorio.

Porque el éxito de una política de seguridad no debería medirse únicamente por cuántas personas dejan de morir, sino también por cuánto poder pierde el delincuente.

México necesita menos homicidios, sí, y qué bueno que está ocurriendo, pero necesita menos miedo. Y entre una cosa y la otra puede existir una distancia enorme. Observemos si la estrategia de seguridad consigue reducir ambas. Ojalá así sea. 

Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre. 

Por Alejandro Aguirre Guerrero

X: @aaguirre_g