La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por retener hasta el 10 por ciento de sus salarios a trabajadores de esa entidad federativa para financiar las campañas política del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El titular de Fepade, Santiago Nieto, explicó que un juez de control autorizó vincular a proceso a cuatro ex funcionarios y dirigentes partidistas del PRI que enfrentan la misma imputación que César Duarte, por lo que es inminente que la orden de aprehensión contra el ex gobernador será librada este miércoles por el juez de la causa.

De acuerdo con Nieto Castillo, una vez que se libre la orden de aprehensión correspondiente, la Procuraduría General de la República (PGR) también emitirá una ficha roja par que Duarte Jáquez sea considerado prófugo en cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde actualmente reside, según diversos reportes de prensa.

“La solicitamos el día de hoy y el juez cuenta con 24 horas para pronunciarse, el punto es que nosotros consideramos que si tenemos la vinculación a proceso, es decir si se ha ejercido la acción penal, el juez ha reconocido que existe responsabilidad de cuatro de los indiciados, incluyendo tres funcionarios públicos y un dirigente partidista, el Secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, no existiría razón para que no se librara la orden de aprehensión contra Duarte, a efecto de que sea obligado a comparecer ante las instancias de impartición de justicia, a partir del ejercicio de la acción penal que la FEPADE ha hecho en su contra”, afirmó el titular de Fepade.

El fiscal Santiago Nieto agregó que la solicitud de una orden de aprehensión contra Duarte Jáquez también contempla a su ex secretario de Hacienda, Adrián Dosal, por descontar una parte de su salario a más de 700 trabajadores del gobierno de Chihuahua, dinero que en el 2015 sumó un total 14 millones 609 mil pesos.

Esos recursos eran transferidos a una empresa privada y posteriormente a las arcas y campañas electorales del PRI. Entre 2010 y 2016, el PRI obtuvo por esta vía más de 79 millones de pesos de dinero ilícito para sus actividades, pero la acusación se presentó por el primer monto, debido a que la competencia de la Fepade para este tema entre en vigor hasta de septiembre del 2014.

“El tesorero y el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua concentraban en una cuenta concentradora del propio gobierno la retención del salario y se emitía un cheque de forma mensual a nombre de la propia Secretaría de Hacienda, este cheque era depositado en una empresa particular y de la empresa particular se retiraba el dinero, la empresa retiraba del Banco el dinero en efectivo y lo entregaba mediante recibo al Secretario de Finanzas del PRI, este dinero no fue reportado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y por tanto, se trata de una conducta delictiva”, detalló Nieto.

Entre las 87 pruebas que sustentan la acusación, se encuentran cheques, oficios, dictámenes de grafoscopía e informática y el testimonio de 87 trabajadores que denunciaron que fueron forzados a hacer los supuestos donativos por parte de sus superiores jerárquicos, por lo que no se trataba de aportaciones voluntarias como argumentaban los priistas.

Para la Fepade, los implicados cometieron al menos tres violaciones a las leyes electorales, por lo que las penas de prisión en contra de los involucrados pueden ir de los 2 a los 15 años de prisión en contra de los involucrados por presionar a sus subordinados para apoyar a un partido político y por ocultar este dinero al INE, está última conducta considerada grave por lo que tiene una mínimo de prisión de 5 años y una máxima de 15.

La pena más baja corresponde a los empleados medios que participaron en este esquema, mientras que las penalidades más altas se pueden atribuir a los ex funcionarios del gobierno de Chihuahua y al ex secretario de Finanzas del PRI que ocultaron estos recursos al INE y que además le negaron la información cuando ese organismo la solicitó.

“Hoy se cuenta con las vinculaciones a proceso en virtud de que un Juez de Control en el estado de Chihuahua ha señalado que el Secretario de Hacienda, el Director General de Egresos, el Director General de Administración se encuentran vinculados a un proceso penal por esta actuación, esto significa no solamente que hemos ejercido la acción penal, si no que un Juez de Control ha determinado que existe responsabilidad penal de los indiciados para ser vinculados a proceso”, manifestó.

Javier Duarte también enfrentará imputaciones de Fepade.

A pesar de que la Fepade no presentó sus imputaciones penales contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por implantar en esa entidad federativa un esquema similar de financiamiento al PRI, el Fiscal Santiago Nieto advirtió que si se van a solicitar la orden de aprehensión en su contra.

El titular de Fepade explicó que la imputación por este caso no se presentó ante la Fiscalía de Guatemala para el proceso de extradición, debido a que los delitos electorales no existen en las leyes de ese país centroamericano ni tampoco conductas delictivas que sean similares.

“No hay delito en Guatemala sobre la obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales, es un delito que solamente obra en el espacio mexicano, pero en el momento en que se encuentre en territorio nacional se podrá cumplimentar la orden para efecto de que comparezca también ante los jueces, en razón del delito electoral, que no es un delito, insisto, que tenga la República de Guatemala”, informó.

ARISTEGUI NOTICIAS