Bruselas entra de lleno en la crisis política venezolana. La alta representante de la UE, Federica Mogherini, ha exigido este miércoles al Gobierno de Venezuela "medidas urgentes" antes del 30 de julio, la fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente. Mogherini hace un llamamiento indirecto a parar la consulta; a cambio, pide celebrar elecciones libres y ordinarias. La Comisión condena "la escalada de tensión y violencia". 

Califica de "controvertida" la Asamblea constituyente, que "corre el riesgo de polarizar aún más el país y de aumentar el riesgo de confrontación". Y pide "respeto a la separación de poderes, la liberación de los opositores políticos encarcelados y cooperación externa para atender las necesidades más urgentes de la población", además de la convocatoria de elecciones. Europa, sin embargo, evita mencionar la posibilidad de sanciones europeas como herramienta de presión, tal como pedía España.

La UE exige medidas urgentes a Venezuela antes de las elecciones para la Asamblea Constituyente Paro cívico nacional de 48 horas en Venezuela, en vivo

El chavismo detiene a otros dos jueces elegidos por el Parlamento para el Supremo paralelo

Felipe González dice que el diálogo de Zapatero ha traído más presos y que España está de perfil

Luis Fonsi reprocha a Maduro que use ‘Despacito’ con fines propagandísticos

"El respeto a la Asamblea Nacional como órgano legislativo legítimo y la independencia del fiscal general, que debe poder actuar sin restricciones ni intimidaciones o amenazas, son cruciales para preservar la confianza de los ciudadanos en el Estado y el sistema judicial", ha subrayado Mogherini

Europa ha ido subiendo el tono a medida que se deterioraba la situación en Venezuela. A mediados de mayo, los ministros de Exteriores de la Unión instaron por escrito a las autoridades a emprender un diálogo “urgente y eficaz”, exigieron la liberación de presos políticos y recordaron el derecho de los ciudadanos a participar en manifestaciones pacíficas. Ante la falta de progresos, los países comenzaron a mencionar la posibilidad de sanciones como herramienta de presión, aunque muchas voces —entre ellas las de los responsables de la diplomacia europea— alertaban de los efectos adversos que podía generar esa medida.

España había pedido que se contemplara imponer sanciones individuales y selectivas —para no cortar los canales de diálogo con el régimen de Maduro— en caso de que las elecciones a la Asamblea Constituyente siguieran adelante. Tras abordar el asunto en la última reunión de ministros de Exteriores, el pasado 17 de julio, la alta representante ha querido incrementar la presión a las puertas de esa convocatoria electoral.

La oposición de Grecia a censurar expresamente la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente ha rebajado la ambición del comunicado final, según explican fuentes diplomáticas. Atenas recelaba de cualquier alusión a órganos concretos porque quería evitar que Caracas lo percibiera como una injerencia exterior, explican fuentes griegas. Pero la alusión expresa al 30 de julio, fecha de la consulta, recoge el rechazo a esa iniciativa del Gobierno para constituir un órgano que reforme la Constitución y orillar a la oposición, que controla la Asamblea Nacional.

EL PAÍS