El pleno del Senado avaló por 112 votos a favor, el pasado 20 de junio, una reforma a la Ley General de Educación, con el objeto deprohibir y sancionar que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 

Resolvió que en ningún caso la prestación de servicios educativos, como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser supeditados a la recepción de aportaciones, cuotas o donaciones. 

Sin embargo, precisó que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones que hagan ellas mismas al establecimiento escolar, las cuales serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. 

En el dictamen enviado a la Cámara de Diputados se señala que el monto de las aportaciones voluntarias en 2010 ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos, y que hasta 2011, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagaban anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en el 97.7 por ciento de las escuelas. 

En general los padres de familia aceptan de buen modo hacer la aportación que se les pide, al inscribir a sus hijos en la escuela. Sobre todo cuando dichas aportaciones en verdad son utilizadas para el mantenimiento y mejora del centro educativo o para el material didáctico, etc.  

Pero también existe alguna inconformidad por parte de los padres porque en algunas escuelas se condiciona la inscripción al pago de dicha cuota, cuando debe ser libre y voluntaria. Además, también algunas escuelas exigen mucho material a los alumnos, agravando a los papás que además de comprar la lista de útiles escolares, deben surtir a la escuela de otros materiales como: jabón liquido, papel higiénico, escobas, jergas, hojas blancas, gel antibacterial, etc. Denuncian los papás que muchas veces sobra material, que no se ocupa durante el ciclo escolar y no se sabe el destino final del mismo.  

Las autoridades educativas deben poner mucha atención a las denuncias que hagan los papás, supervisar que los directivos y sociedades de padres de familia no cometan abusos con respecto al pago de las cuotas escolares. Deberá imponer las sanciones correspondientes a quienes actúen mal en este tema.  

Los papás se deben exigir a los directores, maestros y sociedad de padres de familia que haya información real, transparente y puntual del manejo del dinero que se reúne de las cuotas.  

Por: César Manuel Jiménez Martínez