Ante el primer informe de gobierno, es menester hacer una reflexión sobre una acción en particular del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. La más importante y que corona su mandato: la detención del exgobernador Javier Duarte, preso y sujeto a proceso. Fue una promesa de campaña que en un plano general ha sido cumplida. Se podrá decir que fue una decisión del gobierno federal, es un logro de la PGR y muchas cosas más, pero lo cierto es que de no haber existido los señalamientos de Yunes, las investigaciones que de manera personal realizó, las pruebas que recabó y las denuncias que presentó, hoy no sería posible ver a Duarte y otros de sus cómplices tras las rejas.

¿Por qué el gobierno federal quiere atribuirse la detención de Duarte, si fueron ellos quienes toleraron sus actos de corrupción, con indiferencia hicieron caso omiso a los señalamientos sobre el saqueo que estaba sufriendo Veracruz, incluso a los probados y directos señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación? El gobierno federal protegió a Duarte, por los beneficios recibidos durante el proceso electoral de 2012 y sobre todo por los que seguía recibiendo. Una autoridad federal que dejó escapar al exgobernador dio cobijo de inmunidad diplomática a otro de los líderes de la banda de delincuentes que operó desde el poder en nuestro estado y hoy en día, vía su partido político, el PRI, sigue dando impunidad -vía el fuero- a otros de los miembros del grupo criminal. Así que colgarle la medalla al gobierno federal o PGR de la detención de Duarte es un absurdo, una tontería.

Si, por un lado, tenemos que reconocerle al gobernador Yunes el poder ver en prisión a Javier Duarte y otros de sus colaboradores, también hay que señalar que no se ha hecho justicia total a Veracruz. Todavía podemos ver en libertad a muchos de los saqueadores, algunos bajo el fuero legislativo, otros viviendo de lo robado fuera del estado e incluso del país. Lamentablemente, otros más en libertad y operando para quien ahora gobierna. Los veracruzanos exigimos una justicia efectiva y no selectiva. Queremos que se aplique todo el peso de la ley a aquellos por participación, por complicidad u omisión, fueron parte del enorme robo que sufrió el estado. No puede haber absolución por interés políticos. En campaña el gobernador hizo señalamientos directos, sobre cacicazgos en el norte, centro y sur del estado, los mencionó por su nombre y hoy parece que eso se ha olvidado o ya no corresponde a los intereses. Ojalá el gobernador cumpla con lo prometido, en ese rubro. Queremos justicia, no venganza.

Como manda la Constitución Política del Estado de Veracruz seremos testigos de la entrega a la LXIV Legislatura del primer informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública estatal.

En años pasados era el secretario de gobierno quien acudía ante al Congreso a entregar a la Mesa Directiva el texto que contiene el informe. Todo dentro de una ceremonia totalmente austera. En esta ocasión, de acuerdo con su muy particular estilo, será el gobernador quien personalmente acuda al Congreso a hacer dicha entrega, para posteriormente, emitir un mensaje a todo el pueblo de Veracruz.

No nos podemos anticipar al contenido del mensaje político ni mucho menos a los datos del informe. Tenemos que esperar a conocer el texto, que pasen las comparecencias de los secretarios e incluso, en un hecho sin precedentes, ser testigo de la presencia del gobernador ante el pleno del Congreso para de manera personal responder todas las dudas e inquietudes de todos los diputados. Será una interesante sesión, histórica.

Por César M. Jiménez Martínez