El pasado 20 de octubre, el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE), suscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto Castillo, fue informado de manera personal, por el encargado de despacho en PGR, Alberto Elías Beltrán, que era removido de su cargo, por violentar la estricta reserva sobre investigaciones en curso, contraviniendo así el Código de Procedimientos Penales en su artículo 218.  

Recordemos que Santiago Nieto informó a un medio de comunicación nacional que había recibido presiones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para que declarara de manera pública su inocencia de posibles delitos electorales en el caso Odebrecht. Desatando así una guerra de declaraciones donde ambas partes denuncian que faltan a la verdad, el mismo Lozoya, vía su abogado Javier Coello, entregó el documento original, con fecha 16 de agosto de 2017, donde Lozoya solicita ser informado si existe alguna carpeta de investigación en su contra y que se le llame a declarar. 

Así las cosas, Elías Beltrán, creyó que Santiago Nieto no debió ventilar ante la opinión pública un asunto que estaba bajo su responsabilidad y por eso decidió removerlo de su cargo. Algunos abogados prominentes, como Diego Fernández de Cevallos, opinan que fue correcta la decisión de su destitución. Quizá se esté de acuerdo en que no fue correcto el proceder de Santiago Nieto, pero el fondo y la forma de su destitución son las que generan muchas dudas y más por el entorno político.  

¿Será coincidencia, que a días de la renuncia de Raúl Cervantes se produzca ahora la destitución de Santiago Nieto de la FEPADE? ¿Tenía Cervantes sobre su escritorio un asunto pendiente con el fiscal o una “sugerencia” desde Los Pinos para su destitución y fue uno de los detonantes paraqué renunciara en PGR? Porque a la luz pública Santiago Nieto representa preocupación en las esferas del poder, por su actuación en el escándalo de Odebrecht y en el de los ex gobernadores corruptos que están siendo procesados, investigados y perseguidos.  

¿Tiene facultades legales un encargado de despacho de PGR, como lo es Alberto Elías, para destituir al titular de la FEPADE, cuando es una atribución exclusiva del Senado de la República? En una carta al Senado que del día de ayer dirigía a Ernesto Cordero, Santiago Nieto comenta de las facultades del Senado sobre su nombramiento y les recuerda a los senadores que pueden objetar su remoción dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso podría ser restituido en sus funciones. En tal sentido ya se han pronunciado senadores de los partidos políticos de oposición, principalmente del PAN, PRD, Morena.  

¿Por qué no se le hizo un procedimiento, donde se le expusieran las razones de su remoción y, sobre todo, se le diera la oportunidad de defenderse y presentar las pruebas a su favor? Pues la decisión de Elías Beltrán fue unilateral, contundente e impositiva.  

Muchas más preguntas surgen, mismas que deberán ser resueltas por el Senado de la República y el mismo Elías Beltrán, que no solamente podrían generar la restitución de Nieto en la FEPADE, sino incluso un procedimiento contra el mismo Beltrán, por el uso indebido de atribuciones. Con tales acciones, el único resultado es debilitar más a la PGR, fortalecer la atmósfera de impunidad y corrupción que rodea la cúpula de poder que nos gobierna y violentar el Estado de Derecho.  

Para rematar, hay que reflexionar que por el momento no se cuenta con un Procurador General de la República (próximamente Fiscal General de la Nación), tampoco con el Fiscal Anticorrupción y ahora con el Fiscal Especializado en Atención de Delitos Electorales, en el tablero de la política y en pleno proceso electoral ¿quién saldrá beneficiado con estas jugadas?  

Por César M. Jiménez Martínez